El caso del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt volvió a quedar en debate ayer en la Cámara de Diputados. Los opositores Mario Negri (UCR) y Laura Alonso (PRO) plantearon dos cuestiones de privilegio contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, quien encabezó la reunión para avanzar en el proceso de investigación sobre las condiciones psicofísicas del magistrado. Desde el Frente para la Victoria, en cambio, el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, apuntó contra el juez Julián Ercolini, que había solicitado que se le remitan las actuaciones de la comisión. Domínguez califcó el pedido del juez como una “intromisión inadmisible”. Antes de comenzar con el temario del día, el oficialismo y la oposición retomaron el contrapunto sobre el juez de 97 años. Quien corrió con la defensa de la posición oficial fue el propio Domínguez. El precandidato a gobernador bonaerense del FpV cuestionó el oficio librado por Ercolini, en el marco de una causa penal por abuso de autoridad contra Fernández Sagasti. El juez solicitó a la comisión que se le remitan las fotocopias certificadas de los antecedentes respecto del pedido de investigación iniciado en Diputados.

“Quiero, como presidente de esta Cámara, en cumplimiento de las atribuciones que me confiere el reglamento de este cuerpo, denunciar una práctica cada vez más repetida que no tiene otro fin que el de condicionar a los representantes del pueblo de la Nación Argentina”, afirmó Domínguez. El diputado advirtió sobre la “ofensiva identificada como la judicialización de la política”. Sobre la situación de Fayt y el requerimiento de Ercolini, Domínguez se preguntó: “¿Qué juez se va a animar a citar a prestar declaración a su propio jefe?”.

Para Negri, en cambio, el proceso iniciado en la Comisión de Juicio Político es “inconstitucional” porque, según dijo, el expediente analizado ya había caducado y la nota presentada por Aníbal Fernández no cumplía con los requisitos formales de una denuncia. En la misma línea, Alonso consideró que “se ha violado el reglamento de la Cámara, el reglamento de la Comisión de Juicio Político y el espíritu de la Constitución”. Los tres pedidos fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.