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Por Correpi

Desde el Santiagueñazo del ‘93 para acá, y frente a los azotes hambreadores y excluyentes del “modelo”, millones ganamos calles, rutas y plazas resistiendo el despojo y la indignidad, vividos en cada hogar como desempleo, salarios miserables, enfermedad o educación de segunda.
Los grupos económicos “ganadores” y sus representantes gubernamentales no dudaron en responder al pueblo de pie con balas de goma y de las otras, con policías, prefectos y gendarmes. No menos de 50 personas perdieron sus vidas como resultado de las salvajes represiones desatadas durante la década.
La violencia contra el pueblo no sólo fue física. Jueces, cámaras y fiscales, sintonizando la “onda” dominante, promovieron miles de procesos de Mosconi a Río Grande, persiguiendo a pobres que reclamaban comida a los hipermercados, imputando a desocupados que exigían trabajo sobre las rutas, repartiendo castigo estatal a trabajadores que denunciaban salarios de hambre... El fenómeno fue y es de tal magnitud que hoy son más de tres mil los compañeros encausados, víctimas de la criminalización de la protesta. ¡La injusticia de la marginación, más la injusticia de la represión y, como si no bastara, la injusticia de la persecución penal!
Frente a tanta inequidad, un conjunto de agrupaciones sociales y de derechos humanos presentamos un proyecto de amnistía para que se extingan las acciones penales en desarrollo para esos miles de compañeros. No se resolverá con ello la desigualdad social y tampoco recobraremos las vidas de los asesinados en Puente Pueyrredón o Plaza de Mayo, pero habrá un mínimo de Justicia para los que derrocharon dignidad y hoy, por ello, esperan juicio y quizá condena. El proyecto, promovido entre otros por Correpi, fue hecho propio por un grupo de diputados nacionales y ahora batallamos para que el Congreso se digne discutir el tema.
Como no podía ser de otra manera, la derecha puso el grito en el cielo diciendo que el proyecto “es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, y pretende alarmar con sus, supuestamente, nefastas consecuencias. Además, induce a equivocación: el proyecto no significa “perdón” por “los delitos”, sino un reconocimiento estatal de que lo que hubo fue una digna y justificada lucha popular que no merece reproche penal. Finalmente, induce a confusión. ¿Cuáles son las protestas en que los estudiantes o trabajadores tiraron balas? Efectivamente sobran los ejemplos de muertos en la protesta, pero ninguno fue provocado por las manifestaciones del pueblo. No es casual que no exista en el país un solo condenado por los asesinatos de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, por la masacre del puente correntino en el ‘99, por Aníbal Verón, por Petete Almirón y tantos otros.
Y es que durante una década signada por la expoliación, la resistencia y la represión, la violencia y la muerte fueron patrimonio de los de arriba, mientras que abajo el dolor se mezcló con la dignidad. Sobre esa realidad el proyecto de amnistía no es más que un pequeño aporte de reparación y equidad.