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La Comisión Internacional contra la pena de muerte aprobó durante la reunión de Madrid una declaración en la que exhorta a todos los países del mundo a la abolición inmediata de esa fallida práctica del pasado, violatoria del derecho supremo para todos los seres humanos. El último año fueron condenadas en el mundo al menos 2.460 personas y alrededor de 19.000 están bajo inminente amenaza de ejecución. A muchos de ellos se le negó el derecho a una adecuada defensa legal. No hay evidencias conclusivas de que su aplicación sea más efectiva que otros castigos como disuasivo del delito. Además, la pena de muerte discrimina contra quienes son marginados, los pobres, los que carecen de poder y de recursos para defenderse ante la justicia. Por desarrollado que sea un sistema judicial, seguirá siendo susceptible al error humano y correrá el riesgo de cometer daños irrevocables e irreparables.

La declaración agrega que un velo de secreto cubre la realidad de las ejecuciones que se producen cada año, ya que no se revelan en forma oficial los números exactos de personas ejecutadas en países como Bielorrusia, China, Egipto, Irán, Irak, Malasia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Vietnam y Yemen.

Por eso los firmantes creen que ha llegado el momento de abolir ya la pena de muerte y exhortan a todos los estados a tomar acciones para lograrlo en todo el mundo. No se sienten solos, ya que según datos de las Naciones Unidas 160 países ya han abolido la pena de muerte o no realizan ejecuciones. También ha habido un notable progreso en el número de países que apoyan las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reclaman una moratoria mundial al uso de la pena de muerte, la primera de las cuales sometió a votación en 2007. En diciembre de 2014 un número record de 117 naciones votaron a favor de la quinta resolución de la Asamblea General por una moratoria global. También existen normas internacionales, como el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, adoptado en 1989 y ratificado por 82 estados. Su artículo 1 dice que ningún ciudadano de un estado parte del protocolo será ejecutado y que cada estado parte tomará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte dentro de su jurisdicción. Este protocolo se basa en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas.

La Comisión celebra el llamado a la abolición de la pena de muerte formulado en una carta a su presidente, Federico Mayor, por el Papa Francisco, quien escribió que el castigo capital hoy es inaceptable, por serio que sea el crimen cometido por la persona condenada. También sostuvo que la pena de muerte es un fracaso para un Estado constitucional porque lo obliga a matar en nombre de la justicia. La pena de muerte pierde toda legitimidad debido a la defectuosa selectividad del sistema de justicia penal y debido a la posibilidad de un error judicial. También sostuvo el Papa que esta pena entraña un tratamiento cruel, inhumano y degradante, como la angustia antes del momento de la ejecución y el terrible suspenso entre el dictado de la sentencia y la ejecución de la pena, una forma de tortura que en nombre del procedimiento correcto tiende a extenderse por muchos años, lo cual a menudo lleva a la enfermedad y la locura en el corredor de la muerte. Es la primera vez que la Iglesia Católica se pronuncia en forma tan categórica contra cualquier forma de aplicación de la pena de muerte, lo cual probablemente obligue a modificar el catecismo en el que se fija su doctrina.

Los comisionados expresan su preocupación por la situación en Estados Unidos, único país de las Américas donde se realizan ejecuciones, si bien desde 2007 siete estados abolieron la pena de muerte, aunque hay 31, la mayoría bajo gobiernos republicanos que la retienen. La Comisión exhorta a las instituciones federales a adoptar medidas que eliminen este castigo inhumano, que constituye un pésimo ejemplo para otras naciones. Los otros focos de preocupación mencionados son India y China, en Asia, y el Medio Oriente, dos partes del mundo que no tienen mecanismos inter regionales de protección de los Derechos Humanos, como aquellos que dirigieron el avance hacia la abolición de la pena capital en Europa, las Américas y Africa. La humanidad puede ingresar en una nueva era que reconozca la centralidad del respeto por la vida humana. La pena de muerte no tiene lugar en el mundo de hoy. Ninguna cultura ni tradición puede justificar la privación sistemática y oficial de la vida humana, que niega el más fundamental de los derechos humanos y constituye la expresión más brutal de la venganza y el poder estatal. La hora está madura para una decisión mundial que ponga fin a este castigo cruel e irreversible. Hay que abolir ya la pena de muerte, concluye la Comisión.

Adhieren a la declaración de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Amnesty Internacional, el Center for Prisoners’ Rights, el Ensemble contre la peine de mort, Greater Caribbean for Life, Hands off Cain, Helsinki España, la Red Internacional Académica por la abolición del pena de muerte, la International Bar Association, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Murder Victims’ Families for Human Rights, Penal Reform International, Reprieve, la alianza de Taiwán para abolir la pena de muerte, la Coalición Mundial contra la pena de muerte, el Grupo Africano de Trabajo contra la pena de muerte, el Grupo Interparlamentario Británico contra la pena de muerte, las Universidades contra la pena de muerte, y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar.