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Si optamos por jerga templada y técnica, el juez Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en abuso de autoridad al ordenar detener y encarcelar, con despliegue cinematográfico, a Hebe de Bonafini. Si nos volcamos a la metáfora, incurrió en tres pecados capitales: la ira, la soberbia y la pereza. Los medios elegidos eran desproporcionados al fin buscado y generaban una situación de peligro cierto para la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La Policía lleva la agresión en sus genes, sobre todo cuando los magistrados o los medios les dan “manos libres”. Hebe padeció un ataque de la Guardia de Infantería en la misma Plaza de Mayo durante la represión del 20 de diciembre de 2001.

Su Señoría podía haber evitado el circo comidiéndose al lugar con un doble objetivo no excluyente: intentar hacer dos preguntas rituales a Hebe y, como mínimo, garantizar con su presencia que no habría excesos de los uniformados.

Martínez de Giorgi privilegió no mover la osamenta y hacer un road show por medios de la cadena noticiosa de Clarín. Hubieran sido treinta cuadras, que podía haber fatigado en taxi con viáticos pagos o en auto oficial de buena marca.

Escoger un jueves, día de las Marchas de las Madres, constituye una provocación de innegable signo político. El magistrado no puede alegar ignorancia sobre un hecho tan notorio.

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Un artículo del abogado Mario Juliano en el portal Infobae pone puntos sobre íes que Martínez de Giorgi resolvió no ver. Juliano cuestiona la conducta de Hebe lo que no lo priva de subrayar la sinrazón del procedimiento. Citamos: “¿Cuál es el motivo de la citación desoída, que origina la orden de detención? Prestar declaración indagatoria, ya que se la sospecha ser la autora o coautora de un delito (estafa).

¿Qué es la declaración indagatoria? Es el primer ejercicio del derecho de defensa (derecho de ser oído).

¿Alguien puede ser obligado a ejercer un derecho (en este caso el derecho de defenderse en forma personal y ser oído)? No, terminantemente no.

En resumidas cuentas nos encontramos frente a una situación paradojal y contradictoria: una ley que llama a una persona a ejercer un derecho, y que ante su clara decisión de no ejercerlo, procede a su detención para dar cumplimiento a una mera ceremonia”.

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La indagatoria custodia los derechos del judiciable. Se le leen sus derechos, los cargos en su contra, se le inquiere si desea declarar. No está compelido a hacerlo, aunque los excelsos juristas Mauricio Macri y Gabriela Michetti enseñen lo contrario. La formalidad extrema del procedimiento penal se torna rito y la sanción fáctica por el incumplimiento más grave que una hipotética y remota condena.

Hebe de Bonafini produjo un acto de resistencia civil, dejando claro que se hacía cargo de las consecuencias de su movida. Está en su derecho a callar, sin que eso importe presunción alguna en su contra. Y queda a su arbitrio designar abogados o asumir que se le asigne defensor oficial.

En tribunales la forma prima sobre la sustancia. Y en Comodoro Py, el descontrol de los jueces es la regla. Martínez de Giorgi se suma a una larga lista de magistrados que prepean con ansia de llevar a la cárcel sin condena a mujeres que reivindican sus derechos. Con Milagro Sala lo lograron, no así con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Hebe. La Secretaria de Casación María Emilia Expucci fue aprisionada durante una hora y media por no someterse a una orden verbal e ilegal del camarista Juan Carlos Gemignani. Demasiados jueces (que se hacen los) machos abusando de su poder con mujeres. Este cronista no es proclive a creer en conjuras o conspiraciones. Supone que esos magistrados ni siquiera se conocen todos entre sí. Pero la coincidente furia desatada revela un signo de la etapa: un Poder Judicial descontrolado que apela a los remedios extremos como praxis cotidiana.

Hebe definió que “estará a derecho”. Si lo hubiera hecho antes, si hubiera acompañado un certificado médico dudoso como tantos acusados VIP, nada de esto hubiera pasado. En fin…