Ante los patrones reunidos en Mar del Plata, el Hada Buena dijo que “no podemos seguir haciéndonos los distraídos con el narcotráfico”. Sin embargo, la participación judicial y policial en ese delito sigue gozando de excelente salud. Gabriel Cabral, oficial de la policía antinarcóticos en las delegaciones de San Martín, Morón, San Isidro, Pilar y San Miguel, acaba de describir esa trama ante la jueza federal Alicia Vence. Refirió dos modalidades: agendada, con el pago de un canon regular al traficante o su abogado, y extorsiva, que consiste en liberar a los detenidos en un procedimiento a cambio de dinero o bienes. Además los oficiales retienen una parte de los estupefacientes para pagar los servicios del confidente que les pasó el dato. Entre los partícipes habituales mencionó al juez de garantías de San Martín, Lucas Oyhanarte, a quien el actual gobierno designó como Fiscal general de Moreno. El policía también señaló al fiscal de investigaciones complejas de San Isidro, Claudio Scapolan, colaborador del fiscal general de esa jurisdicción, Julio Novo. Suspendido en sus funciones hace un año, su juicio político se unificará con el de sus adjuntos Eduardo Vaiani y Fernando Caro, aunque aún no tiene fecha, debido a la fuerte presión del socio opoficialista en la cruzada moralizadora, Sergio Massa. Invocando una denuncia telefónica anónima a la policía de Quilmes, que se demostró inexistente, Scapolán ordenó un procedimiento en Moreno, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína. El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín declaró nulo lo actuado y ordenó investigarlo a él y procesar a los seis policías que intervinieron ya que “en esa puesta en escena dolosamente montada participó personal de una dependencia policial con sede en Quilmes respecto de un hecho ilícito que tuvo lugar en Moreno, es decir en el otro extremo del conurbano, con la intervención de un fiscal de la justicia penal ordinaria de San Isidro”, cuando el trasporte de estupefacientes es de exclusiva jurisdicción federal. Hasta ahora, Scapolan ha sido un intocable, porque durmió una denuncia contra el primo inteligente Jorge Macrì, por la compra a sí mismo de vehículos para el municipio de Vicente López. El Hada Buena y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, también enviaron al senado el pliego para integrar un Tribunal Oral de San Isidro de otro miembro del grupo de Novo, el secretario de fiscalía de Pilar Alberto Gaig, denunciado por tres colegas ante la Procuradora María Falbo por trato insultante y violento (a uno de ellos, Carlos Washington Palacios llegó a tomarlo del cuello y apretarlo contra la pared), quien dijo podía permitirselo porque contaba con la protección de Vaiani y Mariana Busse (ex secretaria de Novo y esposa del defensor que negoció la entrega de Ibar Pérez Corradi, Carlos Broitman). Gaig también tiene varias denuncias por pedir dinero para resolver causas, haciéndose pasar por el fiscal Marcos Petersen Victorica, otro de los que lo denunció. Falbo lo trasladó a la misma fiscalía que debía investigarlo, en el feudo tigrense de Massa. Todo queda en familia y las mafias contentas.