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Ciccone y sus lobbistas tuvieron siempre gran sentido de la oportunidad. Siempre consiguieron ventajas cuando un gobierno terminaba, ese momento mágico en el que todo se acelera, se acumulan las decisiones, una administración descubre que debe ser más ejecutiva y muchos miran para otro lado. Sucedió con Carlos Menem y también con Eduardo Duhalde.
El 6 de octubre de 1999, dos meses antes de entregar el poder a Fernando de la Rúa, Carlos Menem prorrogó hasta el 2007 el contrato de los pasaportes entre la Policía Federal y Ciccone Calcográfica.
El secretario de Seguridad era Miguel Angel Toma.
El subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior, Jorge Castells.
El 28 de abril del 2003 fue lunes. El día anterior, domingo 27, Néstor Kirchner había quedado segundo a dos puntos de Carlos Menem y las encuestas ya lo daban ganador en la segunda vuelta por el 70 por ciento de los votos. El gobierno de Eduardo Duhalde preparaba las valijas.
Ese 28 de abril, el Ejecutivo dictó un decreto elevando de 75 pesos a 130 el precio del pasaporte.
El ministro de Justicia y Seguridad era Juan José Alvarez.
Alicia Oliveira, todavía defensora del pueblo porteño, presentó en esos días un reclamo a la Justicia alegando que el aumento “afecta a las personas del servicio de esa documentación obligatoria que se ven menoscabados gravemente en sus intereses económicos mediante esa decisión irrazonable y sorpresiva, contrapuesta a la propia ley de emergencia económica”. Oliveira, hoy responsable de derechos humanos en la Cancillería, dijo que la Ley de Emergencia Económica “estableció para los contratos celebrados con la administración pública la prohibición de las cláusulas de reajuste en relación a monedas extranjeras y la fijación de la relación de cambio: un peso, un dólar”.
“El aumento inesperado, sin participación directa o indirecta de los usuarios, que casi duplica el precio del pasaporte y que ni siquiera se condice con el costo internacional del mismo, transforma a este reajuste en ilegítimo e irrazonable”, dijo la defensora.