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Un grupo de organizaciones no gubernamentales impugnó ante el Senado a un candidato a juez que pasó todos los filtros, pese a haber sido considerado “no apto” para el cargo por un examen psicológico y a que acumulaba cuestionamientos por avalar la pena de muerte y ordenar desalojos violentos. El controvertido candidato, elevado por el Poder Ejecutivo, es Domingo Montanaro. Las objeciones a su designación serán consideradas en la audiencia pública del 24 de agosto, a la que fueron citados un representante de la Comisión de Selección de Jueces del Consejo de la Magistratura y los expertos que hicieron la prueba psicotécnica.
“Existen serias sospechas de que Montanaro no posee la idoneidad necesaria para ser designado juez”, advierte la presentación elaborada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. A esta denuncia se agregará otra de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) sobre acoso laboral, hostigamiento y maltrato a los funcionarios del juzgado que subroga.
Montanaro compitió varias veces para ser juez. Siempre obtuvo muy buenos puntajes pero nunca llegó a ganar. Después de mucho insistir quedó incluido en una terna para el Juzgado Correccional 2 de Capital Federal, donde es subrogante. Pero ese concurso fue previo a la implementación del test psicológico. Esa prueba la rindió este año para otro y fue calificado como “no apto”. Antes de que su pliego saliera para el Senado, el Consejo de la Magistratura avisó al Poder Ejecutivo, pero igual resultó elegido. El informe de las cuatro ONG recuerda que el propio Consejo hace cinco años, después de entrevistar a Montanaro, advirtió que tenía “un perfil de personalidad excesivamente rígido” y un “marcado dogmatismo”. Las denuncias de maltrato de sus empleados, añade, agravarían la situación. La impugnación también recuerda que los propios consejeros de la Magistratura justificaron la exclusión de Montanaro en un vieja terna en que “reconoció postular la implantación de la pena de muerte”. Tres años después dijo que “no había advertido que luego de la reforma del ’94 se habían constitucionalizado los pactos internacionales de derechos humanos” que excluyen la pena capital.
Como juez suplente, dice la denuncia, Montanaro dispuso desalojar el centro comunitario La Alameda, que tiene un comedor para 140 personas y varios emprendimientos, pese a que estaba en diálogo con el gobierno porteño para funcionar en otro predio. También desalojó y procesó a 21 personas en situación de emergencia habitacional que mantenían tratativas oficiales para una salida pacífica. A cinco de ellas les dictó prisión preventiva.