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El vicegobernador de Santiago del Estero, Emilio Rached, sostuvo ayer que las versiones que rodearon a la renuncia del obispo Juan Carlos Maccarone “no sólo dañan a la Iglesia, sino a toda la sociedad” santiagueña. Rached, quien así fijó la posición del gobierno de esa provincia frente al alejamiento del prelado, dijo no tener elementos para ratificar si el prelado fue víctima de una operación política, y frente a las versiones que circulan en ese sentido señaló que debería “conocerse quiénes motorizan este tipo de prácticas”.
“No tengo elementos para emitir juicio. Las versiones son múltiples y espero que en las próximas horas se puedan aclarar algunas para despejar la altísima cantidad de rumores, que no sólo dañan a la Iglesia como institución, sino a toda la sociedad de Santiago”, expresó Rached acerca de la renuncia de Maccarone.
En medio de la conmoción que la dimisión del obispo generó en Santiago del Estero y las sospechas de que el prelado fue objeto de una maniobra para desprestigiar su labor social e institucional al frente de la diócesis santiagueña, el vicegobernador de esa provincia se manejó con cautela. “Estamos a la espera del juicio que pueda emitir la propia Iglesia. Nosotros somos nadie para meternos en una cuestión tan delicada, fundamentalmente vinculada a cuestiones de carácter privado”, manifestó en declaraciones a Radio Rivadavia.
A propósito de la posibilidad de que Maccarone haya sido víctima de una operación política, Rached remarcó que debería “conocerse quiénes motorizan este tipo de prácticas, que en definitiva pueden instalar una gran dosis de maquiavelismo en la sociedad, justamente cuando Santiago comienza a alejarse de prácticas nefastas”. Al respecto, recordó que “tenemos una historia y un pasado vinculado a este tipo de cuestiones, muchas veces más que negras”.
De hecho, Maccarone reemplazó como obispo de Santiago del Estero a Gerardo Sueldo, quien falleció en un dudoso accidente automovilístico. Como su antecesor, Maccarone no estableció a su llegada una buena relación con el viejo caudillo peronista y ex hombre fuerte de esa provincia Carlos Juárez y su esposa Nina Aragonés. En su momento, el obispo renunciante denunció ser blanco de permanentes tareas de “control y seguimiento” por parte del área de inteligencia de la policía santiagueña, en el marco de la causa en la que políticos, religiosos y periodistas acusaron a los Juárez por espionaje ilegal. Rached destacó que entre el actual gobierno de Santiago del Estero y la Iglesia existe una relación “muy franca”.