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El gobernador José Manuel de la Sota respondió ayer a través de un comunicado a un pedido del intendente de Córdoba Luis Juez para que se abran los archivos de la última dictadura y se revelen nombres y datos sobre personas involucradas en violaciones de derechos humanos. “No existen en las fuerzas policiales o de seguridad de esta provincia archivos secretos”, señaló el comunicado del gobierno provincial. Juez había pedido la apertura de los archivos en una carta enviada a De la Sota, luego de que se conociera que el director de Espectáculos Públicos de la municipalidad, Oscar Cuassolo, trabajó durante la dictadura en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Esa dependencia fue uno de los principales centros de detención y tortura de la provincia. Aunque Cuassolo aseguró que sólo trabajó en tareas culturales, tuvo que renunciar a su cargo.