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El estado actual de las relaciones entre el Fondo Monetario y Argentina es de “normalidad”, aseguró desde París el director general del organismo, Rodrigo Rato. “El gobierno argentino es un gobierno miembro del FMI, con el que tenemos las mismas relaciones que tenemos con el resto de gobiernos miembros”, agregó el español, que eludió explayarse demasiado sobre cuáles serían los próximos pasos de la negociación con la administración Kirchner. Ayer, algunos economistas se mostraron confiados en que la Argentina logrará avanzar hacia un nuevo acuerdo con el Fondo y destacaron la señal política que significa el apoyo “político” brindado por Bush. Sin embargo, otros analistas consideran que el camino no está tan despejado como se lo imagina y que en las próximas semanas comenzará una larga y dura negociación.
La mejor evidencia de que las relaciones entre Argentina y el Fondo no son precisamente fáciles es la actitud que tomó ayer el propio Rato, cuando lo consultaron sobre el caso argentino. Primero, algo molesto, dijo que la relación era “normal”. Después, cuando le preguntaron si esperaba reanudar las conversaciones con las autoridades del país próximamente insistió, como en otras oportunidades, con que ésa era “una decisión del gobierno argentino”. Finalmente, ante la insistencia de los cronistas, reveló que no ha tenido consultas recientemente con Lavagna ni con Kirchner y cortó la discusión por lo sano: “Yo no le he hecho ninguna crítica al gobierno argentino”, afirmó y pasó a otro tema.
Como lo reconoció el propio Lavagna, Argentina busca un acuerdo con el FMI para refinanciar unos 11.500 millones de dólares, que es la deuda total con la entidad a vencer en el próximos tres años. En particular, el gobierno necesita refinanciar unos 4500 millones de dólares por compromisos en 2006 con el FMI, el Banco Mundial y el BID, siendo que estos dos últimos organismos prorrogarían automáticamente sus préstamos una vez que el país cerrara un acuerdo con el Fondo.
El problema es que para llegar a ese acuerdo, el staff del FMI ya puso sobre la mesa de negociación, en un documento del 8 de julio pasado, una serie “condicionalidades” que la administración Kirchner no está dispuesta a consentir. Los “requisitos” que los burócratas del Fondo pretenden imponer en la discusión son fundamentalmente dos, y ambos están vinculados con la política antiinflacionaria:
1) Elevar las tasas de interés para “enfriar” la economía, y
2) Que el Banco Central no intervenga y deje caer el dólar ante un mayor ingreso de capitales financieros, que podría ser alentado con tasas de interés más altas.
Así, especulan en el Fondo y la mayoría de los consultores de la city, un dólar más bajo sería una señal para que los empresarios de los sectores exportables desinflen los precios en el mercado interno.
Según manifestó Lavagna días atrás, los técnicos del FMI quisieran que el dólar cayera a 2,20 o 2,30. Para el ministro, no es sensato aplicar esa política recesiva con una economía con 16 por ciento de desocupación. Una tercera condición del Fondo, un rápido ajuste en las tarifas de los servicios públicos afectando incluso a los usuarios domiciliarios, no encontrará en cambio mayor oposición en Lavagna.
En este contexto, el aval político de George W. Bush es importante a la hora de encarar cualquier negociación con el Fondo. El gobierno norteamericano no sólo posee el 17 por ciento de las acciones del FMI sino que lidera el Grupo de los 7 –países más poderosos del planeta–, dueño de las decisiones del organismo multilateral.
Sin embargo, a diferencia de septiembre de 2003, cuando el apoyo de Bush destrabó el primer acuerdo de Kirchner con el Fondo, a pesar de la oposición de la línea técnica del organismo y de algunos países del G-7, difícilmente el gobierno norteamericano esté dispuesto hoy a jugarse así por el “amigo argentino”. Esta vez, Washington no correría el riesgo de volver a dividir al G-7.