La empresa de celulosa española Ence decidió no renovar los contratos de los obreros que construyen su planta pastera en Fray Bentos a la espera de que la Corte de La Haya decida si acepta o rechaza el pedido argentino para que las obras se suspendan hasta que se dirima la disputa con Uruguay. A propósito de la resolución que debe adoptar ese tribunal, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió que “no modifica el problema de fondo” y al respecto precisó que “es necesario tratar las inversiones extranjeras de las empresas transnacionales y las condiciones leoninas impuestas a los países. Industrias contaminantes que en Europa no las quieren y las están desplazando de sus territorios hacia países de América latina, Asia y Africa”.

La decisión de Ence de no retener a los obreros de la construcción de su planta de Fray Bentos fue confirmada por uno de sus voceros en Uruguay, quien explicó que la firma “respetó los contratos ya firmados, pero no renovará los que están por vencer”. Los contratos no renovados corresponden a 63 trabajadores y finalizaban el próximo 30 de junio.

La actitud de Ence va en línea con la decisión que la empresa tomó en marzo pasado, cuando accedió al pedido de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez de suspender la construcción de su pastera para dar lugar a la realización de un estudio de impacto ambiental. A diferencia de la finlandesa Botnia, que tiene las obras más avanzadas y no las detuvo, la firma española recién está en las tareas previas de movimiento de tierras.

“La decisión que pueda tomar o no la Corte de la Haya no modifica el problema de fondo”, señaló Pérez Esquivel, quien remarcó que el tema central es la utilización de los países periféricos por parte de los centrales. “No se está defendiendo la soberanía de nuestros países, ya que se están extranjerizando las tierras con las ventas indiscriminadas, las plantaciones de eucaliptos con graves consecuencias de empobrecimiento y desertificación de la región”, advirtió el titular del Servicio de Paz y Justicia, tras criticar a los gobiernos de Argentina y Uruguay.