“La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos. Me parece bien que sean separados de la fuerza los policías golpeadores”, opinó la abogada Haidée Birgin, presidenta de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. “Como servidor público encargado de la seguridad pública debe tener un grado de integridad e idoneidad elevado, además de un equilibrio psicológico, más aún cuando es portador de armas”, agregó Birgin. También aprobó la decisión del Ministerio de Seguridad la abogada Leonor Vain, especialista en Derecho de Familia y Derecho de Mujeres. “Históricamente las fuerzas de seguridad han apañado al violento”, señaló Vain.

En cambio, para el titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima, de la Procuración de la Nación, Eugenio Freixas, la medida puede llevar a desalentar las denuncias. “Si las mujeres saben que sus maridos pueden ser exonerados y perder su trabajo, pueden silenciarse por temor a quedarse sin el sustento económico”, advirtió Freixas, en diálogo con Página/12. Para Vain, nada garantiza que un hombre golpeador que es separado de su hogar le pase una cuota alimentaria a su ex mujer. “¿Qué es mejor, tener plata o que te fajen?”, concluyó la abogada.

Freixas consideró que lo que debería garantizar el Ministerio de Seguridad es que se le retire el arma reglamentaria al uniformado denunciado por violencia doméstica y que el policía cumpla con la exclusión del hogar –una medida precautoria prevista en la Ley de Violencia–. Además, señaló Freixas, debería incluirlo en un programa de tratamiento para hombres violentos. En el Ministerio de Seguridad están preocupados por la problemática de violencia doméstica entre sus miembros y están analizando qué medidas tomar al respecto desde la Dirección General de Política de Género, de la cual dependen las comisarías de la Mujer, pero todavía no han implementado otras medidas más que la separación de la fuerza del uniformado denunciado.