La Cámara de Diputados comenzará a analizar hoy un proyecto para anular el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. El proyecto impulsado por los kirchneristas tucumanos Gerónimo Vargas Aignasse y Beatriz Alperovich modifica la ley 24.660, que regula la ejecución de las penas privativas de libertad y el beneficio de reclusión domiciliaria para los mayores de setenta años, a la que se acogió la mayoría de los represores procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El objetivo de los diputados oficialistas es adecuar la legislación penal a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina e incorporados a la Constitución nacional. “Como Estado hemos condenado el terrorismo de Estado y el genocidio, pero quienes cometieron delitos de lesa humanidad siguen siendo favorecidos con los mismos beneficios que establece el Código Penal para delitos comunes. Tenemos que terminar lo que para los militares fue una regla: si son mayores de 70 años o sufren una enfermedad terminal se acogen a la prisión domiciliaria, mientras que centenares de presos comunes no acceden a ese beneficio porque no tienen recursos ni la defensa de costosos estudios jurídicos para ni siquiera plantear el tema”, aseguró Vargas Aignasse a Página/12.

En sus argumentos, el proyecto que comenzará a tratarse hoy en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja alude a la situación de los jerarcas nazis juzgados durante los tribunales de Nuremberg o, en el caso de los tribunales de la Corte de La Haya, los generales serbios condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, las modificaciones que puedan aprobarse en el Congreso regirían para las condenas futuras –por el principio de no retroactividad–, ya que hacia atrás rige el principio de la ley más benigna. Además, la iniciativa establece como lugar de cumplimiento de la pena los cuarteles militares y no la cárceles comunes, como en algún momento propuso el Ministerio de Defensa.