La Justicia federal abrirá un sumario para investigar la divulgación del legajo personal del diputado Juan José Alvarez que certifica su paso por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984. Luego de un impulso inicial del fiscal Carlos Stornelli, la causa entró en el juzgado federal de María Servini de Cubría y a la fiscalía de Miguel Angel Osorio, desde donde decidieron aceptar el requerimiento.

El aterrizaje en Tribunales del debate sobre el pasado de Juan José Alvarez era una de las opciones planteadas en torno del devenir del caso luego de la revelación que hizo este diario el domingo pasado. El pedido de investigación sobre la divulgación de la información publicada por Página/12 finalmente se hizo ayer. Stornelli presentó una denuncia de oficio ante la Cámara Federal y pidió que se determine si alguien incumplió con los deberes de funcionario público al entregar papeles y documentación a un medio de prensa.

El escrito de Stornelli entró por sorteo al juzgado de Servini de Cubría que, según dijeron en Tribunales, actuó inmediatamente según las normas procesales. En ese sentido, solicitó al fiscal federal Miguel Angel Osorio que dictamine si corresponde abrir un sumario penal para investigar si se cometió el delito de violación de secretos. Un pedido que, aparentemente, el fiscal ya resolvió. De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por este diario, Osorio daría curso al requerimiento de instrucción.

Stornelli consideró que hubo un funcionario público que difundió una información confidencial, protegida por la Ley Nacional de Inteligencia que establece como delito divulgar tanto actividades de espionaje como la identificación de las personas que las realizan. En la hipótesis de Stornelli, hubo uno o varios funcionarios públicos que cometieron un delito al dar a conocer la información. Pero ésa no es la única interpretación de la aplicación de la Ley de Inteligencia para el caso Alvarez. Entre sus colegas hay quienes creen que no hubo delito porque cuando se difundió el paso del diputado por la SIDE entre 1981 y 1984 no se describieron las acciones específicas de inteligencia y, por lo tanto, tampoco a quienes las ejecutaron.

Esa es la discusión a la que se enfrentará el fiscal Osorio cuando comience con la instrucción de la causa. Un análisis que llevará adelante “aunque de la denuncia original no surge que haya un delito de acción pública”, opinó ayer un allegado a la causa.

Aun así, el fiscal podría haber rechazado el pedido de investigación y evitar esta instancia. En ese caso, el denunciante hubiese tenido la opción de apelarlo y recurrir a la Fiscalía de Cámara.

Fuera del incidente que sólo buscará determinar quién y cuándo divulgó la documentación de la SIDE, el diputado Alvarez reconoció públicamente que la información era verdadera. En diferentes reportajes brindados luego de la publicación de la nota de Página/12, aceptó su intervención en la Secretaría de Inteligencia, pero cuestionó su divulgación y el contexto político, dado que en este momento actúa como operador político del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Más allá del debate judicial, la polémica quedó afuera en la Cámara de Diputados: tanto el oficialismo como la oposición evitaron hablar del tema (ver página 8).

En los últimos días, Alvarez reconoció su trabajo en la SIDE. “Ingresé a la Secretaría de Inteligencia por recomendación de mi suegro, porque necesitaba dinero para terminar mis estudios”, dijo el ex ministro de Justicia. La información publicada por Página/12 agregaba, además, que entró al “organismo” con una carta de referencia del entonces ministro de Interior, el represor Albano Harguindeguy.