El ministro del Interior, Aníbal Fernández, atribuyó los desmanes del 17 de octubre en la quinta de San Vicente a sectores económicos o políticos desplazados que “querían hacer pasar un mal momento al Presidente”. Durante la tarde de ayer la fiscal a cargo de la investigación relativizó la hipótesis. La llamada teoría del complot, en palabras de la fiscal Leyla Aguilar, no está sostenida jurídicamente porque, dijo, “no tenemos acreditado que hayan actuado en forma premeditada y organizada”. “Es secundario que pertenezcan o no a barras bravas” del fútbol, agregó la funcionaria del Ministerio Público en declaraciones en la puerta de los Tribunales. Agregó que “hay gente detenida de distintas agrupaciones sindicales y sabemos que pertenecen a alguna hinchada, pero específicamente no sabemos a cuál” al tiempo que confirmó que “una de ellas gozaba de salidas transitorias de la cárcel”. Consultada por si la investigación podría derivar hacia los máximos responsables de las organizaciones sindicales de Camioneros, Pablo Moyano, y de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, la fiscal respondió: “Me parece que es demasiado irnos tan lejos, estamos tratando de acreditar las personas que cometieron delitos, aquellos que tienen conducta ilícitas tipificadas en el Código Penal”.