A dos años de la declaración judicial de nulidad de las leyes que impedían los juicios por crímenes atroces cometidos durante la última dictadura, sólo dos policías han sido condenados. A partir del secuestro del testigo en uno de esos juicios Jorge López, la presión social, corporizada en los familiares de las víctimas y en organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha puesto en marcha respuestas institucionales que tienden a remediar esa ineficacia burocrática que, en muchos casos, disimula una silenciosa resistencia contra el castigo a los culpables. Estas son las últimas novedades:

La Corte Suprema de Justicia resolvió que el juez federal de Formosa Marcos Bruno Quinteros se hiciera cargo de la causa Carrillo, s/desaparición forzada de personas. Catorce jueces se habían excusado después de Quinteros para entender en la causa en la que hay un ex capitán del Ejército detenido desde hace seis meses. Quinteros se excusó alegando amistad con el imputado, pero como las querellas no habían puesto en duda su imparcialidad, la Corte le ordenó que reasumiera el expediente escandalosamente vacante.

El Procurador Righi creó una Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, con la misión de relevar y seguir en forma constante las causas, mantener actualizada una base de datos pertinentes, coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución para posibilitar la apertura y sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles, colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de los actores y testigos. A cargo de la Unidad fue designado el Fiscal General Jorge Eduardo Auat, de serio desempeño en la causa por la masacre de Margarita Belén, con quien cooperarán como coordinador Pablo Parenti (quien como secretario de Cavallo participó en la redacción de la sentencia de nulidad) y el Subsecretario Administrativo de la Procuración, Carlos Somigliana, uno de los miembros de la fiscalía de Cámara que intervino en el juicio de 1985.

El Consejo de la Magistratura comenzó a investigar el desempeño de varios jueces de la Cámara de Casación Penal, denunciados por las tácticas dilatorias con las que han impedido el avance de las causas. Uno de ellos, Alfredo Bisordi, había sido designado en 1984 como adjunto de Strassera, pero se negó porque dijo que compartía lo actuado por la dictadura. El año pasado fue apercibido por llamar terrorista a una querellante.

El ministerio de Defensa está acondicionando un edificio en City Bell para alojar a todos los detenidos por estas causas. Se trata del último cuartel construido por el Ejército, que ya lo desalojó para permitir su nuevo uso. Funcionará como una cárcel común y los presos serán custodiados por el Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia interior ni exterior de personal militar. De este modo se cortará el contacto de los acusados por graves crímenes con las jóvenes camadas de militares y marinos, con los que hasta ahora conviven en unidades de las Fuerzas Armadas. Esta medida tenderá a fortalecer el imprescindible cambio de la cultura institucional.

El Poder Ejecutivo creará la próxima semana en la jefatura de gabinete un programa de Verdad y Justicia, que se encargará de garantizar la continuidad del proceso de justicia. Este programa coordinará las tareas de las agencias federales y provinciales involucradas en el impulso a los juicios y en la protección de víctimas, testigos, defensores de derechos humanos, magistrados y funcionarios. También elaborará un cuadro de situación de los procesos judiciales, de modo de identificar los riesgos y los obstáculos para su normal desarrollo. Al frente del nuevo programa será designado un funcionario de confianza del presidente Néstor Kirchner. Sólo resta definir si retendrá al mismo tiempo el cargo que ocupa desde los comienzos del actual gobierno en tareas de alta sensibilidad o si se dedicará en forma exclusiva a la nueva tarea.