Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, salió raudamente de su despacho cerca del mediodía con una computadora portátil colgando del hombro y se fue hasta otra oficina del cuarto piso de Tribunales. Allí, una cumbre juntó a cinco jueces supremos con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien impulsa la coordinación de iniciativas para acelerar las causas sobre crímenes de la dictadura. El encuentro fue el paso inicial para el armado de un programa de trabajo sobre los expedientes contra represores. El alto tribunal ya estudia sus propios mecanismos para apurar las investigaciones y organizar los juicios orales en puerta.

Los escollos en las causas sobre violaciones a los derechos humanos fueron tema en la sobremesa de un almuerzo reciente en el que se encontraron Righi y Lorenzetti. Así surgió la idea de una suerte de plenario que se concretó ayer con la intención de hilar fino en la búsqueda de una solución a un problema que hoy exhibe un dato elocuente: desde la anulación de las leyes de impunidad, hace dos años, sólo fueron condenados por los crímenes dictatoriales los ex policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón, conocido como el Turco Julián. Un ingrediente que agrava las circunstancias es la desaparición de Julio López, junto con las amenazas a testigos, jueces y fiscales.

El mismo día que el presidente Néstor Kirchner reiteró el pedido para que se anulen definitivamente los indultos (ver página 4), los jueces se reunieron en el despacho de Carmen Argibay. Además de la “anfitriona” y Lorenzetti, asistieron Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. A Ri-ghi lo acompañaron los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. El principal dilema se centra en qué herramientas concretas pueden utilizar la Corte, la Procuración y la cartera judicial, en plan de apurar los juicios, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y que asume como propio el Gobierno.

En esta conversación inicial surgió, según relataron tres participantes, un esbozo de los grandes obstáculos en los expedientes contra represores, además del más conocido referido al embudo que se produce en la Cámara de Casación Penal. En cuestiones organizativas se planteó, por ejemplo, la posibilidad de unificar procesos en lugar de hacer juicios separados con un único imputado, algo que no sólo incrementa el trabajo de los tribunales, sino que implica una situación de desgaste, exposición y padecimiento para los testigos (muchos de ellos sobrevivientes y familiares de desaparecidos). También se mencionó la necesidad de evitar que un mismo tribunal sustancie más de una megacausa, como ocurre con ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, ambos en el Tribunal Oral 5.

A esto se suma un complicado escenario en el interior del país: en algunas provincias los jueces se fueron inhibiendo de intervenir por distintas razones –desde parentesco, amistad o hasta enemistad con los imputados– o fueron apartados, o recusados, o bien los tribunales permanecen vacantes. Así las investigaciones quedaron paralizadas en lugares como Salta, Chaco y Formosa.

En la reunión en la Corte se acordó que desde el alto tribunal y el Poder Ejecutivo cooperen con una tarea de diagnóstico y seguimiento “caso por caso”. Identificar las razones puntuales que demoran cada causa, dicen, permitirá determinar las medidas a adoptar.

Sobre la protección de testigos, este año el CELS reclamó ante la Comisión Interamericana que el Estado adopte medidas para resguardar a más de 4500 personas. Iribarne explicó que por una resolución de su cartera todo pedido de un juez para dar protección es incorporado de inmediato al Programa Nacional de Protección de Testigos. En el máximo tribunal no descartan crear un programa o secretaría específicos para abordar el asunto de las demoras y dilaciones en estos juicios. Esto podría proporcionar un “lugar” de referencia donde jueces, querellantes o testigos puedan recurrir ante las dificultades. En el Gobierno se estudia crear un ámbito que funcione como nexo con el Poder Judicial.