Desde su reunión con el flamante gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, sin dejar de sostener un discurso crítico, envía mensajes positivos hacia la nueva gestión. Ayer resaltó que los reclamos van “más allá de un sueldo”, pero destacó también que Peralta arribó con “buenas intenciones” y “el deseo de poder ayudar”.

“En Santa Cruz, la gente dijo basta en cuanto a tener un protagonismo mucho más serio en la actividad ciudadana, una exigencia de una mayor libertad de expresión, una exigencia de tener una dignidad más firme y concreta. Son realidades que estaban muy latentes y que van más allá de un sueldo”, aseguró el cura en declaraciones radiales.

En medio de las negociaciones que llevan adelante los docentes con las nuevas autoridades, el sacerdote dijo que creía que a pesar de llegar a un acuerdo las movilizaciones “iban a seguir” y explicó que “las últimas manifestaciones fueron multitudinarias; en lugar de decrecer, cada vez era más la gente que se sumaba para exigir justicia, libertad y dignidad”.

Romanín le pidió a Peralta “tener una mirada sincera y serena de la cantidad de gente que está haciendo reclamos”, y simultáneamente subrayó las “buenas intenciones” del nuevo mandatario, por sobre todas las cosas “el hecho de que haya asumido con el deseo de poder ayudar”.

También hizo referencia al papel de la Iglesia en el conflicto que atraviesa la sociedad santacruceña. Aseguró que la institución eclesiástica continuará “con las puertas abiertas” y que quería respetar su condición de obispo que lo obligaba a “estar con el oído abierto para todos”. Asimismo recordó que vivió “hechos puntuales ante los cuales uno injustamente fue agredido, porque cuanto se hace a mi persona, se hace a toda la Iglesia y eso repercute en toda la sociedad”, en referencia a las agresivas declaraciones que hiciera el ex ministro de Gobierno Daniel Varizat, quien en su momento había recomendado realizarle “pericias psiquiátricas” porque no estaba “en sus cabales”, y lo acusó de “predicar la desunión de los habitantes de la provincia”.

La nueva postura del obispo tiene un marcado contraste con la que mantenía durante la creciente tensión que existía por la intensa huelga docente y el malestar por las respuestas que emitían el gobierno provincial y el nacional. Entonces había denunciado que a los santacruceños “nos cuesta mucho que nos acepten a los que pensamos distinto. El que piensa distinto parece que es un opositor al que hay que eliminar. Tenemos censuras, falta libertad de expresión, no hay privacidad. Tengo sospechas de que mis teléfonos están intervenidos”, lo que provocó la furia del gobierno que conducía Carlos Sancho.