Enrique José Berthier entró esposado. “¿Qué tal, cómo te va?”, lo saludó con un beso María Cristina Gómez Pinto. Osvaldo Arturo Rivas le dirigió sólo una mirada y un gesto. A sólo unos pasos estaba María Eugenia Sampallo Barragán, la hija de desaparecidos que los acusó por haberla apropiado. En la primera audiencia del juicio oral, los tres procesados se negaron a declarar.

María Eugenia nació en febrero de 1977 pero no sabe la fecha exacta, ni el lugar. Sus padres fueron secuestrados en diciembre de 1977; su mamá, Mirta Barragán, estaba embarazada de seis meses. Fue criada como hija propia por el matrimonio de Rivas y Gómez Pinto. A ellos habría llegado a través de Berthier, militar y amigo de la familia. María Eugenia es la primera joven que, luego de recuperar su identidad, querelló a sus apropiadores, es decir, se convirtió en su acusadora. Rivas y Gómez Pinto llegan al juicio excarcelados. Berthier está arrestado en Campo de Mayo.

Ayer, durante la primera jornada del juicio, se leyeron los escritos acusatorios de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers y la jueza María Servini de Cubría, que estuvieron a cargo de la instrucción del caso. Luego, como los acusados se negaron a declarar, también se escucharon los testimonios que dieron con anterioridad.

Los relatos de los imputados y de testigos demuestran las múltiples versiones que los apropiadores le dieron a María Eugenia sobre su origen: que sus padres verdaderos habían muerto en un accidente, que era hija de una empleada doméstica o fruto de una relación extramatrimonial de Ber-thier. María Eugenia supo la verdad en 2001, luego de recurrir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

Abuelas de Plaza de Mayo, otros nietos recuperados –Gabriel Cevasco, Victoria Donda y Tatiana Sfiligoy– y miembros de organismos de derechos humanos acompañaron a María Eugenia en el juicio. Berthier recibió el saludo de la activista Cecilia Pando y su grupo de “Memoria Completa”. La mujer del mayor Rafael Mercado llegó temprano para asegurarse un lugar ante fotógrafos y movileros e hizo declaraciones contra el Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo oficial donde se realizan los análisis de sangre para establecer la identidad de los hijos de desaparecidos secuestrados durante la última dictadura.

Durante la investigación, Gómez Pinto y Rivas –él ex empleado de una fábrica de galletitas y ahora taxista, y ella ama de casa– admitieron que la niña que criaron e inscribieron como propia no lo era. Gómez Pinto reconoció incluso que fue Berthier quien se la trajo, aunque posteriormente se desdijo. “Me dijo que el día que saliera no quería mirar para atrás para saber de dónde venía el tiro”, declaró la segunda mujer de Rivas en referencia a la versión que dio el apropiador y que no incluía referencias al militar. Otros testigos también denunciaron amenazas durante la investigación.

El juicio se reanudará mañana, con la declaración de María Eugenia Sampallo, quien, junto a su abogado Tomás Ojea Quintana, solicitó la pena de 15 años para los responsables de su propio secuestro, apropiación y sustitución de identidad. Se espera que a lo largo del proceso declaren cerca de treinta testigos y que el veredicto se escuche a fin de marzo.