Mientras en Argentina el Gobierno intenta minimizar la magnitud de las revelaciones de los Panamá Papers, que involucran al Presidente y numerosos funcionarios, además de una larga serie de empresarios, Dinamarca optó por una política diametralmente opuesta: ayer el Ejecutivo anunció que compró por 810.000 euros los documentos de cientos de sus contribuyentes que aparecen mencionados en las filtraciones para que puedan ser examinados en detalle con vistas a la eventual apertura de procesos por fraude en su contra.