A casi un año y medio de sancionada la ley nacional que establece la obligación de las escuelas –estatales y privadas– de impartir educación sexual desde el nivel inicial, la temática todavía está lejos de llegar en forma integral a todas las aulas del país. La implementación de la ley está trabada. El Ministerio de Educación todavía no terminó de definir los lineamientos curriculares básicos que deben aprobar las provincias para luego desarrollar los programas en cada jurisdicción. Aunque la cartera que encabeza Juan Carlos Tedesco ya avanzó en un “predictamen”, está envuelta en una dura pulseada con sectores conservadores para llegar a un documento consensuado antes de llevarlo a votación al Consejo Federal de Educación. “Esto es un trabajo de bordado”, graficó un alto funcionario de la cartera el arduo trabajo de negociación. El Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), que depende del Episcopado, y algunas provincias como La Rioja y San Juan –donde hay fuerte influencia eclesiástica en las decisiones de gobierno–, resisten algunos aspectos del borrador. Los puntos de la discordia son los de siempre: la inclusión de la perspectiva de género por un lado y, por el otro, la autonomía del Estado y de las escuelas frente a los padres para dar educación sexual a los alumnos: sostienen que cuestiona el papel natural de la familia en la educación sexual de sus hijos.

“Es urgente resolver un texto de consenso de los lineamientos curriculares básicos”, admitió una alta fuente del Ministerio de Educación, involucrada directamente en el bordado del documento. Al ser consultado por Página/12, el ministro Tedesco señaló: “En un plazo de un mes a un mes y medio el documento va a ser puesto a discusión en el Consejo Federal de Educación y confío en que será aprobado”. “Y va a ser un documento muy importante”, destacó. Y no quiso hablar más del tema, dijo, para no enturbiar las negociaciones con los sectores más reticentes a aceptar la educación sexual como un derecho de los chicos y adolescentes.

–¿Dónde están encontrando más dificultades para llegar a un consenso: en algunas provincias o con la Iglesia Católica? –le preguntó esta cronista a una alta fuente del Ministerio de Educación.

–En ambos –se limitó a contestar el informante.

En algunos casos, llamativamente –o no– la voz de la provincia coincide –o es– la de la jerarquía católica: como en el caso de La Rioja que, según pudo saber Página/12, envió un informe cuestionando el predictamen de lineamientos básicos. El texto fue elaborado por técnicos de la Iglesia Católica. San Juan y San Luis también hicieron llegar al Ministerio de Educación sus disidencias. Pero no son las únicas. No debe pasarse por alto que en escuelas públicas de provincias del norte, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se imparte religión católica dentro del horario de clases.

Sin extremos

La Ley 26.150, sancionada el 4 de octubre de 2006, creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, como órgano rector de la implementación de la normativa en todo el país. Esa cartera ya tenía mandato legal para avanzar en la puesta en marcha de contenidos y capacitación de docentes para dar educación sexual en las aulas a partir de la Ley 25.673 de 2003, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero el ex ministro Daniel Filmus recién se movilizó por el tema cuando el Congreso aprobó la ley de Educación Sexual.

El borrador con los lineamientos básicos curriculares que debe llevar el ministro al CFE fue elaborado por un equipo de reconocidas técnicas convocadas por la cartera de Educación, entre ellas Graciela Morgade, directora de la Carrera de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora y autora de contenidos sobre educación sexual, y Claudia Lombardo, licenciada en Educación y magister en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires, con una larga trayectoria en formación docente y representante del Centro de Escuelas Cristiano Evangélicas. El documento quedó listo en noviembre. El texto, de unas 25 páginas, se guarda en estricto secreto.

Según pudo saber este diario, el documento parte de un enfoque de la educación sexual, más allá de una mirada biológica y genitalista, con un abordaje integral de la sexualidad y articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. “Se intentó tomar una visión inclusiva, lo más plural posible de las diferentes perspectivas de la sexualidad”, confió un funcionario que accedió al documento. Este “predictamen” propone que la educación sexual se imparta en forma transversal desde el nivel inicial, es decir, no en una materia específica, y en el nivel medio aconseja que además se refuerce la temática con talleres interdisciplinarios.

La propuesta contempla la educación sexual desde una perspectiva de género, aunque con ciertas limitaciones. “No estamos dispuestos hoy a dar una discusión en los términos más extremos de las teorías de género que apuntan a superar un criterio biológico por un criterio social. Vamos a apuntar a desterrar los estereotipos, superar los roles fijos femeninos y masculinos”, se sinceró un funcionario de Educación, comprometido con el avance de la implementación de la Ley de Educación Sexual.

La perspectiva de género junto con el peso de la opinión de los padres frente a lo que verán sus hijos en las aulas sobre educación sexual son los dos puntos más urticantes para los sectores conservadores, principalmente la Iglesia Católica y algunas provincias, donde la jerarquía eclesiástica tiene amplia influencia. “El rol de la escuela es trabajar con las familias pero no para pedirles permiso sobre si dar o no dar educación sexual como pretenden algunos”, señaló una fuente que trabajó cerca del equipo de expertas que diseñaron los lineamientos básicos. Desde algunos sectores eclesiásticos vinculados con la Educación se defiende la patria potestad de los padres –a la hora de hablar sobre ciertos temas con sus hijos como la sexualidad– por sobre el derecho de los chicos y adolescentes a recibir educación sexual.

Son llamativos los cuestionamientos porque finalmente la Ley 26.150 es bastante concesiva en ese aspecto. En su artículo 5º establece que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. En el artículo 9º la norma dice que cada jurisdicción, nacional, provincial, porteña y municipal, con apoyo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, “deberá organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados” (ver aparte).

La voz de la Iglesia

Para la redacción del predictamen de lineamientos curriculares básicos, el equipo técnico tomó en cuenta dos dictámenes de una comisión de expertas y expertos –cuya convocatoria estaba prevista en la ley– que trabajó sistemáticamente a lo largo de casi siete meses, entre febrero y setiembre de 2007. Participaron de las reuniones Graciela Morgade, María del Carmen Feijóo –hasta diciembre Oficial de Enlace en la Argentina del Fondo de Población de ONU–, la psicoanalista Eva Giberti; Silvina Ramos, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad; Elena Duro, de Unicef; Claudia Lombardo en representación de las iglesias evangélicas, el rabino Daniel Goldman, y Miryam Andújar y María Inés Franck por el Consudec, entre otros integrantes.

La idea original fue que surgiera un solo documento con recomendaciones al Ministerio de Educación. Pero a último momento las dos enviadas del Consudec patearon el tablero y anunciaron que no lo firmarían, por las amplias disidencias con la mayoría, centradas fundamentalmente en los dos temas ya mencionados: la perspectiva de género y el rol de los padres. Andújar es abogada, especializada en bioética, y profesora de Teología Dogmática y decana de la Universidad Católica de Cuyo. En 2007 en una charla sobre la ley de Educación Sexual que dio en Corrientes, invitada por la Junta de Educación Católica de la Arquidiócesis de esa ciudad, comentó: “La gran lucha que tenemos en el Ministerio de Educación de la Nación es hacerle entender que este proyecto nacional no se puede poner en marcha a espalda de los padres. Por eso considero que las escuelas tienen que ir viendo que mecanismo arbitrarán y deberán ir confeccionando talleres para padres como para ir consensuando estrategias”, aconsejó.

Franck es profesora de la UCA, donde fue secretaría del Rectorado. Las dos optaron por suscribir una especie de dictamen de minoría. Andújar y Franck son referentes del Consudec a la hora de exponer en ámbitos vinculados a la educación católica sobre la Ley de Educación Sexual. Andújar expuso sobre el tema en el último Curso de Rectores del Consudec, que se desarrolló entre el viernes 8 y el domingo 10 de febrero en el predio ferial de la Sociedad Rural, en Palermo, con la presencia de más de mil rectores y directivos de escuelas de todo el país y de países limítrofes. La multitudinaria reunión fue inaugurada por el arzobispo de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica, Guillermo Garla-tti, el ministro Tedesco, y la hermana Gladis Uliarte, presidenta del Consudec.

La jerarquía católica sigue de cerca la implementación de la Ley de Educación Sexual: ya en abril de 2007, en el plenario que reunió a los obispos en Pilar, los prelados escucharon un informe especialmente preparado por el Consudec. Para ello, expusieron Andújar sobre “La ley de educación sexual y la objeción de conciencia”, y Franck sobre “La perspectiva de género en el marco de la ley 26.150”, según se informó en aquel momento.

De acuerdo con la Ley 26.150, el Ministerio de Educación tiene cuatro años para que se implemente el Programa Nacional de Educación Sexual en forma “gradual” e integral en todo el país. Sin embargo, en 180 días a partir de la sanción –que fue en octubre de 2006– tenía que tener definido ya un plan que permita su cumplimiento dentro de esos plazos. Sin los lineamientos básicos curriculares, puntapié inicial para que las provincias los incorporen a sus diseños curriculares, se elaboren materiales de apoyo en las aulas y se impulsen programas de capacitación de docentes, los plazos de la ley corren riesgo.