Tiene labios oscuros y gruesos, dignos de una trompetista. Habla sin pausas ni rodeos, mientras ceba mate en el comedor de su casa del barrio Gutiérrez, en Don Torcuato. “La compramos hace cinco años con la indemnización que le dieron a mi marido. El tenía un buen cargo en Aguas Argentinas, pero los franceses no querían saber nada con que esté casado con la madre de un pibe chorro asesinado por la policía”, dice Sabina Sotelo. Su hijo, Víctor Manuel “El Frente” Vital, es el héroe de los suburbios más pobres de San Fernando, “santificado” por su generosidad y valentía. Ella extraña aquel barrio y cuando pasa de visita siente que todo vuelve para atrás: “Me encuentro con los chicos de su misma edad, que por ahí ahora tienen hijos, y de alguna forma está”.

Después de la mudanza, Sabina fundó la ONG Organización por la vida, que empieza en el mismo living donde charla con Página/12 y los vecinos toman la merienda tres veces por semana. Y continúa en el jardín donde acaba de inaugurar un aula para adultos que quieren estudiar. Su ONG llega hasta la cárcel, un lugar al que entra y sale ante cualquier emergencia. “Soy parte del Consejo Consultivo de Transparencia, tenemos poder para controlar a la Policía Bonaerense, al personal penitenciario y a la seguridad privada”, destaca. Con la misma credencial que usa para asistir a un chico golpeado en una comisaría o una cárcel, Sabina ahuyenta a los agentes que arremeten contra los pibes de la esquina por fumarse un porro.

“Así fuimos conociendo a los chicos y ganando confianza. Es muy importante hablar el idioma de ellos porque siempre están a la defensiva”, explica su marido, Ricardo Nieto, que lleva un trasmisor en la cintura que rastrea sus pasos por GPS y tiene un botón en caso de emergencia. “Si lo toco, viene la policía en 10 minutos”, dice antes de meterse al cuarto para cambiarse y subirse a su remís. Sabina también está monitoreada por la dirección de seguridad de la provincia. Ya recibió varias amenazas luego de denunciar a varios integrantes de las fuerzas de seguridad por maltrato y abuso de poder.

En la Navidad de 2005, por ejemplo, tuvo que socorrer a varios presos heridos en la comisaría primera de San Fernando para que fueran trasladados a un hospital. Los policías de guardia se habían ensañado en medio de los festejos, atacándolos con las mismas facas con las que cortaban el asado. Los hizo echar a todos. Sin embargo, el acusado del homicidio de su hijo, Héctor Eusebio Sosa, fue exonerado en 2005, seis años después de acribillarlo. Ella insiste con el juicio oral y público, pero la causa duerme en Casación. “El paraguayo” Sosa fue ascendido a sargento mientras estaba procesado y está acusado por otros dos homicidios.

“Enfrente hay una chica que tiene ocho chicos y ninguno tiene documentos, muchos pibes no van al colegio porque no tienen zapatillas, hay gente desnutrida. Imaginate, al merendero vienen casi cien personas y para algunos es la única comida del día”, detalla Sabina. En el barrio, su casa funciona como un centro de economía comunitaria: los ricos no ayudan, así que los vecinos organizan rifas y bingos para pagar las garrafas que precisa para preparar la merienda o los chorizos que comieron en la inauguración del aula, que funciona como anexo del colegio José Manuel Estrada.

Un chico viene al comedor desde el fondo, donde el maestro, por ser el primer día de clases hace pruebas de nivelación, para usar el baño (“hasta que consigamos otro”, dice por lo bajo Sabina). El pibe se llama Adrián y cuenta que lo echaron del colegio por pegarle al profesor de Física: va a retomar el ciclo lectivo con su madre, María del Carmen. “Nos sentamos bien lejos”, aclara alumno sonriente. Sabina comenta que hay otra señora que vino con su hija, después de haber dejado el colegio hace 20 años. En el aula bautizada como “Víctor Manuel Vidal”, los alumnos estudian de 13.30 a 16.30. “Aunque con el tiempo vamos a tratar de abrir un turno noche”, se esperanza Sabina.