La decisión de Mauricio Macri de prorrogar el sistema de compras de alimentos para los programas sociales porteños pasaría inadvertida si no fuera porque el mismo jefe de Gobierno denunció haber encontrado en esa área uno de los mayores focos de corrupción de la administración local. “Los programas alimentarios eran una cueva de corrupción y de ladrones”, afirmó Macri en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. No fue ésa su única referencia al tema: a fines de enero convocó a los medios al depósito donde se acopia la comida que luego se reparte en los comedores comunitarios y allí denunció que por los alimentos se pagaban sobreprecios de hasta el 65 por ciento. “A partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera. No es que seamos geniales, simplemente que vamos a pagar por los tomates y por la harina el precio que corresponde o un poco menos”, dijo ese mismo día Macri. Hoy, sin embargo, todo sigue igual y, encima, al mando del mismo funcionario.

La denuncia de Macri fue una de las más rimbombantes de su corta gestión. El jefe de Gobierno la realizó el pasado 25 de enero e hizo toda una puesta en escena: se apersonó junto a los ministros de Hacienda, Néstor Grindetti, y de De-sarrollo Social, Esteban Bullrich, en el depósito que la Unidad de Proyectos Especiales Compras de Alimentos para Programas Sociales (Upecaps) tiene en Villa Ortúzar y allí arremetió contra las anteriores gestiones, en particular la de Aníbal Ibarra.

Con una escenografía de cajas a su alrededor y paquetes de alimentos que con sus propias manos exhibía a los periodistas que acudieron al lugar, Macri aseguró ese día que los sobreprecios de “hasta el 65 por ciento” que pagaron sus antecesores implicaron pagarle “dos millones de pesos más” por mes al principal proveedor de la ciudad en ese rubro. “No nos pone contentos tener que seguir destapando dependencias de la municipalidad en las que había tanta oscuridad y mucho menos cuando se encuentra semejante nivel de corrupción, como en este programa de asistencia alimentaria que se inició en 2002, durante la gestión de Ibarra”, completó el jefe de Gobierno.

En efecto, fue el ahora legislador de Diálogo por Buenos Aires quien creó la Upecaps. Lo hizo por medio del decreto 1647/02, donde se precisa que esa unidad tiene a su cargo “la gestión de la compra de alimentos a requerimiento de los responsables de los distintos programas sociales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social y su almacenamiento”.

Además de volver sobre el tema de la “corrupción” de los programas alimentarios en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Macri insistió con el asunto días atrás, durante una entrevista que Joaquín Morales Solá le hizo en su programa Desde el llano. Entonces, dijo que habían hallado un “antro de corrupción donde se compraba la comida para las villas” y, para darle un tinte de seriedad al asunto, aclaró “nos gusta hacer denuncias cuando tenemos fundamentos”.

Pero una cosa es lo que Macri dijo en público y otra lo que hizo puertas adentro del gobierno porteño. El 18 de enero –o sea una semana antes de su aparición en el depósito de Villa Ortúzar– Grindetti y el jefe de Gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el decreto 58/08 que prorroga hasta fin de año el funcionamiento de la Upecaps y mantiene al contador Francisco Ciorciari como coordinador de esa unidad.

Ciorciari fue designado en ese cargo por medio del decreto 117/07, durante la administración de Jorge Telerman. Hasta ayer seguía en su despacho en la sede de la Upcaps, en Charlone 1557.

Los fundamentos del decreto que prorroga el funcionamiento de la Upecaps –publicado el pasado 13 de febrero en el Boletín Oficial Nº 2869– contradicen todo lo que Macri denunció en público: hablan de “la necesidad de optimizar los recursos disponibles a fin de implementar instrumentos de gestión eficaces para el apoyo de la ejecución de programas sociales para los sectores más vulnerables”.

Semejante contradicción entre lo dicho y lo hecho por Macri llevó al legislador, Raúl Puy, a presentar un pedido de informes en la Legislatura. “¿Cómo se explica que prorrogue la designación de Ciorciari cuando, por su cargo, sería el responsable directo de las operaciones denunciadas?”, pregunta allí el socialista enrolado actualmente en Diálogo por Buenos Aires.

Puy viene siguiendo de cerca la gestión de Macri. Fue, de hecho, quien denunció la entrega a Boca de las renovadas canchas de fútbol y los vestuarios de Parque Sarmiento. En su pedido de informes, firmado por el resto de los miembros de su bloque, el legislador también planteó cómo puede ser que “se prorrogue el procedimiento especial para la compra de alimentos, habiendo sido cuestionado públicamente por el jefe de Gobierno” “¿Cómo se explica –apuntó también– que el ministro de Hacienda de la gestión anterior Sergio Beros, al que por su cargo le cabría alguna responsabilidad en las denunciadas operaciones, haya sido propuesto por el Poder Ejecutivo como Director del Banco Ciudad?”

En diálogo con Página/12, Puy subrayó que “esto pone en evidencia las contradicciones de Macri o su mala fe, porque uno puede suponer varias cosas: que nunca hubo ningún tipo de sobreprecio o que, si hubo, ahora se está haciendo lo mismo o peor”. El legislador analizó que “en verdad, Macri quiere demostrar que es lo nuevo; que las anteriores administraciones eran un desastre y que ahora viene a solucionar todo”.