Frente al recurso de amparo presentado por el colectivo de vecinos del barrio Marcelo T. de Alvear, en la ciudad de Buenos Aires, el responsable del Juzgado de Feria Nº 2 porteño, Ricardo Zuleta, dispuso la medida de “no innovar” en el acto licitatorio, poniendo así un freno judicial a la intención del gobierno porteño de construir en esa zona un Centro de Internación de Salud Mental, medida vinculada a la polémica descentralización del Borda y el Moyano. Para José Farías, uno de los miembros de la comisión de vecinos autoconvocados, la medida “no soluciona nada, sólo nos da un poco más de esperanzas”. Por su parte, el diputado por la Coalición Cívica Sergio Abrebaya señaló que “ahora es necesario avanzar en la resolución definitiva del conflicto”.

Como parte del proyecto de descentralización de los hospitales neuropsiquiátricos José T. Borda y Braulio A. Moyano, el gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial del 22 de junio pasado la apertura de las licitaciones para la construcción de una serie de centros de internación de Salud Mental en distintos puntos de la ciudad. El predio localizado en Avenida Olivera al 500, un lugar conocido como los Jardines del barrio Marcelo T. de Alvear, y que linda con el Parque Avellaneda, iba a ser el destino de uno de ellos.

Sin embargo, los vecinos del lugar se organizaron para frenar el avance en la construcción de ese edificio que “no sólo implica una franca violación al Código de Planeamiento Urbano sino que además significaría un atropello al proyecto de ley de área de protección histórica presentado por la Coalición Cívica”, sostuvo Farías.

Además del recurso de amparo que los vecinos presentaron a principio de semana, el diputado Sergio Abrebaya realizó un pedido de informe al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, basado en el artículo 5.4.6.3 del Código de Planeamiento Urbano, donde “se prohíbe la instalación de edificios en ese predio”, afirmó Abrebaya.

Según ese artículo, el barrio U2 Marcelo T. de Alvear es considerado un espacio libre parquizado pudiendo destinarse hasta el 20 por ciento para accesos vehiculares y estacionamiento. “Todo espacio verde público parquizado debe ser considerado como urbanización parque, es decir que no se puede tocar”, explicó el diputado.

Pero hay otro detalle que suma más polémica al emplazamiento de un centro de salud en el lugar. Incluso antes de haberse hecho público el llamado a licitación, un proyecto redactado por el diputado que propone la declaración de la zona como un área de protección histórica “ya había sido aprobado por la Comisión de Planeamiento Urbano y estaba pronto a tratarse en la Legislatura”, especificó.

Se trata de un sector de valor histórico “importantísimo”, que cuenta con casas construidas durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y de Juan Perón, y edificios emplazados en la década del ‘70.

Por su parte, Farías destacó que la medida expedida por la Justicia “sólo significa una prórroga en la apertura de los sobres” de la licitación “y no una suspensión definitiva”. Es decir que no se puede avanzar hasta tanto el juez se expida en forma definitiva con respecto a la causa. Sin embargo, “es un indicio positivo de que en nuestro recurso de amparo encontró argumentos para pensar que el proyecto del gobierno no puede llevarse adelante”, aseguró.

Si bien el vicepresidente del Bloque de la Coalición opinó que “Macri debería desistir en su intención de levantar cualquier tipo de construcción en ese lugar”, dejó en claro que “esto no es un cuestionamiento de su política de salud, sino que es un llamado de atención a la costumbre que está demostrando de llevar a cabo acciones que afectan a la población sin consultarlos”.

Informe: Ailín Bullentini