El macrismo no consigue los cuarenta votos que necesita para imponer su pliego para la licitación del servicio de recolección de residuos en la ciudad y por esa razón estaría dispuesto a introducir modificaciones de fondo a su propuesta: dejaría de lado el pago del servicio por tonelada recogida para mantenerse en el sistema de área limpia, vigente en la actualidad. La modificación fue el resultado del consenso entre distintas fuerzas opositoras y entidades ambientalistas, que coinciden en que el pago por tonelada no estimula la reducción de la cantidad de basura que se destina a los rellenos sanitarios, con lo cual no se cumple con las metas de la ley de Basura Cero. El oficialismo se vio obligado a negociar. La modificación fue confirmada a PáginaI12 por fuentes del Ejecutivo, del bloque macrista de la Legislatura y de la oposición. En el gobierno porteño no descartan una prórroga de la actual concesión, que vence en febrero de 2009.

El proyecto enviado a la Legislatura por el ministro de Espacio Público y Ambiente, Juan Pablo Piccardo, generó resistencia en la oposición y entre las organizaciones ambientalistas. Entre sus puntos centrales, propone una licitación por diez años (la actual es de cinco) y la división del territorio porteño en tres zonas, más un área testigo. Pero la principal objeción estuvo dirigida al sistema de pago por tonelada, que había sido abandonado en la última licitación por el sistema de pago por área limpia.

Como se trata de una licitación por diez años, el gobierno de Mauricio Macri necesita de la aprobación legislativa con una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, es decir, 40 votos. “La oposición venía trabajando un despacho común que puede reunir alrededor de 30 votos, sobre la base de que el pago no puede ser por tonelada, para respetar la ley de Basura Cero”, dijo a este diario Eduardo Epszteyn, diputado de Diálogo por Buenos Aires.

La inviabilidad del proyecto oficial quedó en evidencia en la audiencia pública que se llevó a cabo semanas atrás en la Legislatura. Allí, a las críticas de la oposición y de las organizaciones ambientalistas se sumaron las dudas de las organizaciones de cartoneros, que en principio apoyaban el proyecto oficial, hasta que cayeron en la cuenta de que el mentado plan de inclusión no estaba en ningún proyecto de ley y aparecía sólo como una expresión de buenas intenciones.

Para que la adjudicación se haga en tiempo y forma, el proyecto de ley debió haber sido aprobado a fines de octubre. Ahora, en el ministerio de Piccardo trabajan sobre un borrador que se hace eco de los cuestionamientos. “Somos receptivos a las inquietudes de la oposición”, dicen en el gobierno.

El gobierno resignaría su propuesta de pagar el servicio por tonelada. Mantendría el plazo de diez años y la división en tres zonas más una testigo. Y con respecto a los cartoneros, también haría algunas modificaciones: su participación en la recolección de materiales reciclables sería gradual; empezarían en algunas zonas como experiencia piloto mientras que en el resto de la ciudad la prestación estaría a cargo de la empresa. Con respecto al sistema de contenedores, el gobierno mantendría la idea de eliminar los de tapa naranja, para materiales reciclables.

El borrador todavía no llegó a la Comisión de Obras Públicas, que preside el diputado Cristian Ritondo (Pro). Allí es donde se debe elaborar el dictamen para tratar en el recinto. Tanto en la oposición como en el oficialismo aseguran que con esa modificación sería posible conseguir los votos para aprobar la ley.