Mientras el Congreso se prepara para tratar la estatización de los fondos jubilatorios, el Gobierno redoblará la presión sobre las AFJP con una nueva denuncia, en este caso sobre el incumplimiento de las metas de inversión fijadas en la última reforma previsional. La ley 26.222, sancionada en marzo de 2007, obligó a las administradoras a destinar al menos un 5 por ciento de sus fondos al financiamiento de proyectos productivos o de infraestructura de mediano y largo plazo. Como lo invertido hasta ese entonces era prácticamente nulo, la Superintendencia que regula el sector estableció, a través de la instrucción 17, un cronograma gradual obligándolas a alcanzar el uno por ciento antes del 31 de octubre de este año. Sin embargo, actualmente llegan apenas al 0,6 por ciento y en el Gobierno afirmaron a PáginaI12 que ese incumplimiento podría derivar en la aplicación de una multa.

“Una de las razones por las que se instauró el régimen de capitalización fue para crear un mercado de capitales que permitiera financiar inversiones productivas, pero las AFJP nunca cumplieron. El año pasado establecimos por ley un porcentaje mínimo, pero tampoco lo respetan”, aseguró a este diario el titular de la Anses, Amado Boudou. Desde las administradoras responden que tuvieron la voluntad de cumplir, pero que en el mercado no hay instrumentos financieros disponibles para que puedan hacerlo. “A las empresas chicas no les conviene emitir obligaciones negociables o armar un fideicomiso. Algunas grandes lo hacen, pero es un mecanismo complejo que lleva tiempo”, señalaron a PáginaI12.

“Si hubieran tenido verdadera voluntad lo habrían hecho. Cuando uno busca, las opciones siempre surgen. Podrían haber invertido en el Gasoducto del Norte, en caminos rurales o incluso financiar a la empresa AYSA como hizo la Anses”, respondió Boudou.

En marzo de este año, cuando la inversión de las administradoras en proyectos productivos era de apenas el 0,02 por ciento, el presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, aseguró en una entrevista al portal Infobaeprofe

sional.com que estaban en condiciones de cumplir con la exigencia oficial. “Existe la suficiente cantidad de proyectos dando vueltas como para que si todos somos prolijos en estructurarlos y llegan a oferta pública, pasemos holgadamente ese piso”, sostuvo. Sin embargo, el tiempo pasó y las administradoras no cumplieron.

Lo único que hicieron desde que se fijó la exigencia del 5 por ciento fue financiar a la Municipalidad de Río Cuarto con cerca de 15 millones de pesos para concretar obras de infraestructura y a la compañía Pampa Energía de Marcelo Mindlin con 178 millones de dólares para ampliar la central térmica Loma de La Lata.

Las AFJP también tenían previsto financiar el Fondo de Infraestructura Social del gobierno de Mauricio Macri, cuando éste sacara al mercado un bono por 500 millones de dólares, pero esa colocación nunca se efectivizó por diferencias con el gobierno nacional y el estallido de la crisis financiera internacional. Otras alternativas que se habían mencionado era que apuntalaran la compra de viviendas, emulando el caso mexicano donde el Infonavit otorga créditos para trabajadores de clase media financiándose con mecanismos de securitización, o que apoyaran el Proyecto 5411 para la construcción de oficinas, viviendas y comercios en Puerto Madero. Esas iniciativas tampoco prosperaron y las AFJP siguieron con su cartera tradicional de inversiones.

Actualmente, el 54 por ciento de los fondos que administran son títulos públicos, otro 11 por ciento acciones de empresas locales y un 10 por ciento restante acciones extranjeras. En lugar de financiar la economía real para apuntalar el desarrollo, tal como estaba previsto originalmente, las AFJP invirtieron el 75 por ciento de los ahorros jubilatorios en instrumentos financieros que en los últimos meses cayeron en picada debido a la crisis internacional. Por eso el Gobierno decidió impulsar la estatización de los fondos y ahora incluso amenaza con sancionar a las empresas por incumplimiento de la ley previsional.