La sanción del proyecto que establece nuevos parámetros para el otorgamiento de las becas a estudiantes secundarios que asisten a escuelas públicas de la ciudad tiene que representar una nueva matriz en el diseño de políticas de inclusión para jóvenes de sectores que hoy están postergados, y a quienes el Estado debe darles respuestas concretas en forma permanente.

Hay que recordar que el conflicto surgió cuando el gobierno de Mauricio Macri resolvió, de manera unilateral, otorgar sólo 22 mil becas de las más de 60 mil que el gobierno porteño daba hasta el año pasado. Y, más allá del aumento de los montos otorgados, es importante destacar que más del 60 por ciento de esa ayuda escolar se daba a estudiantes de familias con un ingreso mensual inferior a 1050 pesos mensuales.

Asimismo, de esas 37 mil becas rechazadas, 20 mil pertenecían a familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza y 1100 a familias bajo la línea de indigencia. Y a esto se debe sumar que el 20 por ciento de las becas –de las 37 mil que el ministro Narodowski rechazó– corresponde a chicos que el año pasado trabajaban y que habían dejado de estudiar.

En resumen, siempre hubo en la administración macrista una matriz que nunca lograron explicar, porque no existió ningún parámetro racional para bajar más del 50 por ciento de las becas de la ciudad, y menos aún cuando se delegó en una fundación privada de vínculos directos con el macrismo, la fundación Cimientos, la confección de una planilla para otorgar una beca de inclusión social, como si se tratara de una beca de excelencia para ingresar a una casa de altos estudios. Esa planilla iba acompañada de un instructivo en el que se hablaba de cómo tratar la pobreza de manera emocional, cómo establecer un acuerdo con los alumnos y cómo los acompañantes iban a tratar la pobreza y la inclusión social con los parámetros de esa fundación y no con los del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el gobierno porteño siempre mostró su desprecio por la educación pública y lo demostró desde el inicio de su gestión, cuando durante el primer semestre del año sólo ejecutó una pequeña parte del presupuesto asignado a infraestructura escolar y para equipamiento en los colegios.

Por suerte, y gracias a la movilización de toda la comunidad educativa, se logró redactar de manera consensuada entre padres, alumnos y docentes un proyecto inclusivo, que contemplara la multiplicidad de situaciones que se viven hoy en los colegios, y que contó con el apoyo unánime de todo el arco político de la Legislatura, que comprendió que es imprescindible buscar soluciones a la crisis educativa que vive la Ciudad de Buenos Aires.

* Diputado del bloque Diálogo por Buenos Aires.