Desde Madrid

Las mujeres inmigrantes que sufran en España violencia de género podrán denunciar a su agresor sin miedo a ser expulsadas por no tener permisos de residencia o de trabajo, algo que les impedía dar ese paso en muchas ocasiones. Más bien al contrario, ahora estas víctimas quedarán protegidas con la documentación adecuada y así podrán trabajar sin necesidad de depender de los papeles del agresor, en caso de haber llegado a España por reagrupación familiar. Todo ello implicaría cambios en la Ley de Extranjería, pero así se estudia en el borrador que ultiman cuatro ministerios para atajar la cada vez mayor incidencia de la violencia machista entre la población inmigrante.

Este texto, aún sujeto a cambios, prevé además una atención integral a estas mujeres, empezando por campañas de información en los medios de comunicación que suelen leer y el reparto de folletos en distintos idiomas en las embajadas, oficinas consulares y una serie de convenios con las ONG y organizaciones de inmigrantes que trabajan con ellas a menudo y las asesoran. También se informará por las mismas vías a los hombres de esos países de las medidas punitivas que pueden afectarlos.

El Ministerio de Justicia, según este proyecto, se encargará de la organización del servicio de medicina forense, de modo que, “en la medida de lo posible, las víctimas en los juzgados de violencia puedan ser atendidas por mujeres si así lo solicitan”. Esta medida se justifica al inicio del borrador porque los expertos entienden que algunas no acuden a denunciar la agresión porque no quieren exponerse ante personal médico masculino.

Y se impartirá formación específica sobre mujeres inmigrantes maltratadas para abogados de oficio. Se tratará asimismo de ofrecer asistencia jurídica gratuita especializada y “en su propio idioma”, priorizando que el caso lo lleve un abogado que tenga algún conocimiento del idioma de que se trate y, “en función de la disponibilidad presupuestaria, facilitar el acceso a los servicios de traducción”.

Además de Igualdad y Justicia, otros dos ministerios están implicados en la redacción de este documento, el de Educación, Política Social y Deportes y el de Administraciones Públicas. Por parte de Educación, el texto alude en varias ocasiones a la necesidad de formar a los profesionales en la atención a estas víctimas, así como en la necesidad de que el mensaje de prevención de la violencia y el asesoramiento sobre los recursos a su disposición lleguen hasta ellas. Igualdad asesorará a Educación para definir el perfil de un profesional que haya estudiado un módulo de FP de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La población extranjera supone ya en España un 11,3 por ciento del total de habitantes; sin embargo, las cifras de maltrato y de agresores está muy por encima de su representación numérica. Las víctimas mortales pasaron de un 20,8 por ciento en 2004 a un 43 por ciento hasta octubre de este año. Este incremento es casi similar al descenso de homicidios sufridos por las españolas, que pasaron en el mismo período del 76 por ciento del total de muertas a representar un 56 por ciento en el mismo período.

Las causas de esta incidencia del machismo violento entre las extranjeras son varias. Por un lado, su desprotección familiar, están lejos de su país y de su gente; la cultura de desigualdad entre hombres y mujeres es muy marcada en algunos de los países de origen de estas mujeres, y la edad en que se producen las agresiones, que es justo la que tienen los inmigrantes cuando se desplazan a trabajar a otros países (entre los 20 y los 49 años).

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.