El presidente Tabaré Vázquez resolvió darle la espalda a la ciudadanía y al Parlamento uruguayo. A dos días de la histórica sanción de la ley integral de salud sexual y reproductiva, el mandatario vetó el artículo que consagra el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Bajo el lema “Defendamos la libertad, defendamos la democracia”, organizaciones de mujeres y sociales convocaron a una concentración a la Plaza Libertad hoy a las 14.30 para expresar su repudio. Para revertir el veto, se requieren tres quintos de los votos de cada una de las cámaras reunidas en Asamblea General, pero el oficialista Frente Amplio –impulsor de la iniciativa– no lograría reunirlos. Diputados y senadores de la coalición anunciaron ayer que insistirán con la despenalización del aborto en la próxima legislatura que se inicia en 2010.

Vázquez había anunciado que vetaría la ley tiempo atrás. Pero los legisladores del Frente Amplio, la coalición a la que pertenece el presidente, habían acordado pedirle expresamente que desistiera. No les dio tiempo. Ayer, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, confirmó a la prensa que el veto ya está redactado y que lo acompañarían él y la ministra de Salud, María Muñoz con sus firmas. “En las próximas horas llegará la notificación al Poder Legislativo, pero lo concreto es que (el veto) ya fue redactado y debidamente interpuesto. Es un hecho irreversible que traduce la coherencia del presidente”, dijo Lescano. No todos los integrantes del gabinete apoyan la medida. Varios ministros habían expresado su apoyo a la despenalización del aborto. Como la ministra de Desarrollo Social, la comunista Marina Arismendi, quien horas antes de que se conociera la decisión del presidente había declarado que Vázquez “va a tener que promulgar” la ley.

La ley, sancionada el martes en el Senado por 17 votos contra 13, con las adhesiones de los legisladores oficialistas, habilitaba a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez”, alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. Y más allá de ese plazo por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la mujer.

Para levantar la observación presidencial se requiere de una mayoría especial de tres quintos de la Asamblea General, lo cual se vislumbra como muy poco probable. El Parlamento tiene treinta días para convocar a la sesión. Pero ayer algunas voces del oficialismo dejaron trascender que no intentarían desafiar el veto.

La noticia generó reacciones en las filas oficialistas. El diputado Luis Gallo, quien defendió el proyecto la semana anterior en la Cámara baja, consideró que Vázquez “equivocó su decisión, porque la misma no debió ser tomada por convicciones personales y sí respetar y defender el deseo de la mayoría de la sociedad, interpretada cabalmente por el Parlamento”. El legislador dijo que el presidente “debió tomar el ejemplo del presidente francés Valery Giscard D’Estaing, quien siendo ferviente católico, no vetó en la década del ’70 la despenalización del aborto y explicó al papa Juan Pablo II las razones por las cuales no interpuso su criterio personal”.

El veto logró lo impensable: que el ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle y actual precandidato opositor celebrara una medida de Vázquez. “La actitud de Vázquez es digna de ser destacada, porque no vaciló en adoptarla aun siendo contraria a un interés político”. Acérrimo contrincante del presidente frenteamplista, Lacalle expresó satisfacción de sentirse “alineado al presidente en un tema tan relevante como la vida humana, cuya existencia data desde el momento de la concepción”, apuntó.

Según una encuesta de la empresa Interconsult, el 57 por ciento de los uruguayos aprueba el aborto, 42 por ciento está en contra y uno por ciento dice no tener posición.

El veto se dio en el marco de fuertes presiones de la jerarquía eclesiástica: la Iglesia católica anunció que negaría la eucaristía a los legisladores que aprobaron legalizar el aborto y que serán excomulgados quienes intervengan directamente en la interrupción de un embarazo.

Desde la vuelta a la democracia, en Uruguay se presentaron diversos proyectos para despenalizar el aborto, prohibido desde 1938. En 2004 el Senado, por un voto rechazó una iniciativa con media sanción de Diputados. Se estima que se practican alrededor de 33.000 abortos al año en la clandestinidad. Las consecuencias de abortos inseguros, realizados en malas condiciones sanitarias, son la principal causa de muerte materna en el país vecino como en la Argentina.