A cinco años de su promulgación, la Ley Nacional de Salud Reproductiva ha dado frutos como el acceso a la anticoncepción de emergencia en mujeres violadas, la disponibilidad de preservativos (pese a los faltantes registrados este último año) y de anticonceptivos orales. Pero su aplicación es muy limitada en provincias como San Juan, Mendoza o las del norte del país, donde llegan a pasar cosas como que los médicos entierren los preservativos para que nadie pueda usarlos. En todo el país, es muy limitado el diálogo de los médicos con los consultantes para que éstos sean los que determinen qué método prefieren. Y falta, nada menos, la integración de los programas de salud sexual con la prevención del VIH/sida.

“En 2003, luego de la sanción de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) había efectuado una encuesta sobre el tema entre unos 250 ‘informantes clave’: representantes de organizaciones de la sociedad civil, médicos y otros agentes de salud. En 2008 repetimos la encuesta para evaluar los cambios producidos en estos cinco años”, explicó Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, que forma parte del Conders.

En 2008, el 67,7 de los encuestados advierte que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable –creado por esa ley– funciona “en todos los niveles” de la atención; en 2003, sólo el 39,5 por ciento decía lo mismo; era más frecuente que funcionara sólo en grandes hospitales, sin llegar a los centros de atención primaria. “Este es uno de los aspectos más favorables de esta evaluación”, comentó Bianco.

No es auspicioso el juicio de los informantes sobre la calidad del asesoramiento en métodos anticonceptivos ofrecido por los profesionales de la salud: sólo el 15,2 por ciento la considera “muy buena”, el 36,3 por ciento la juzga “buena”, el 28,17 por ciento la califica como “regular” y el 9,4 por ciento como “mala”. En 2003 los números no eran tan distintos: el 10,8 contestaba “muy buena”, para el 32,9 por ciento era “buena”, para el 27,9 por ciento “regular” y para el 12,8 por ciento “mala”. Bianco señaló que “según establece el Programa Nacional, no se trata de ‘prescribir’ un método, ‘Tome estas pastilla, m’hijita’, sino de informar a la persona o a la pareja consultante, asesorándolos de modo que puedan tomar su decisión”.

La encuesta también examina la evolución del acceso a métodos anticonceptivos. En cuanto a los orales, el 44,8 por ciento consideró “buena” la provisión; sólo el 31,8 lo consideraba así en 2003. “En el caso de los anticonceptivos orales, el avance es evidente –comentó Bianco–, no así en los anticonceptivos inyectables, cuya provisión desde la Nación falló bastante.”

Donde la encuesta registra un avance importante es en la provisión de preservativos: el 21,5 por ciento la considera “muy buena”; sólo el 6,2 por ciento decía lo mismo en 2003. El 39 por ciento la juzga “buena”, contra un 20,9 por ciento hace cinco años. El 21,1 la considera “regular”, como lo hacía el 20,5 por ciento en 2003; y el 9 por ciento evalúa que es “mala”, contra el 26, 3 por ciento en la encuesta anterior.

En cambio, sólo el 10,3 por ciento considera “muy buena” la provisión de dispositivos intrauterinos; menos que el 11,2 por ciento que la juzgaba así en 2003. El 30 por ciento la considera “buena”, como el 28,7 por ciento de los encuestados en 2003. El 11,7 por ciento la juzga “mala”, como el 31,2 por ciento en 2003. “En este caso –señaló Bianco–, el problema no es la falta de provisión, sino la resistencia de los médicos a colocarlo, a diferencia de lo que hacen en su práctica privada, donde sí lo sugieren, lo colocan y lo cobran.”

En cuanto a la provisión de anticoncepción de emergencia (“píldora del día después”), sólo el 9,9 por ciento de los encuestados la juzga “muy buena” y sólo el 22 por ciento la califica como “buena”; es cierto que, en 2003, las cifras respectivas eran el 1,9 y el 4,2 por ciento. “Si bien el Ministerio de Salud distribuyó el fármaco, muchos médicos no lo quieren usar”, explicó Bianco.

En cambio, creció entre los profesionales la aceptación de la anticoncepción de emergencia en casos de violación. El 63,3 por ciento de los informantes dice que los profesionales de su zona aceptan apelar a este recurso; sólo el 15,9 decía lo mismo en 2003. En aquel año, el 50,8 por ciento decía que los profesionales se negaban a este método, y en 2008 sólo el 27,8 por ciento da esa respuesta (el resto no sabe/no contesta).

“Lo que sigue faltando y es esencial –destacó Bianco– es la integración de los programas de Salud Sexual con la prevención del VIH/sida, que se expresaría en asesoramiento específico y ofrecimiento del test.”

Y se advierten grandes diferencias entre las regiones del país. “Hay provincias que todavía no han dictado sus propias leyes de salud sexual y reproductiva y se resisten a aplicar la ley nacional. Esto sucede en Salta, en Jujuy, donde el programa se aplica sólo en algunos servicios; en Formosa, se aplica en los grandes hospitales pero no en los otros niveles de atención. Corrientes y Misiones también están en mora al respecto. Tucumán no tiene ninguna ley de este tipo, aunque en algunos hospitales se están brindando las prestaciones. Y San Juan actúa con mucha lentitud en este orden”, enumeró Bianco.

Gabriela Ramos –investigadora de la UBA– agregó que “bajo la actual gestión del Ministerio de Salud, este año la entrega de insumos se ha vuelto irregular. Eso se suma a la actitud de muchos médicos, que dejan vencer los fármacos anticonceptivos o han llegado, aduciendo objeciones de conciencia, a enterrar los preservativos para que no puedan ser distribuidos”.