”Fuimos recibidos por los tres poderes: el ex presidente (Néstor) Kirchner, diputados y hasta jueces de la Corte Suprema se reunieron con nosotros. Sin embargo, todavía nuestra hija no tuvo un juicio y mucho menos justicia.” Es Nora, la mamá de Marcela Iglesias, la nena que murió el 5 de febrero de 1996 cuando una escultura de hierro ubicada en el Paseo de la Infanta se le cayó encima. Ayer, luego de recorrer múltiples instancias judiciales, de impulsar una causa que consta de 38 cuerpos, tuvo cinco procesados por homicidio culposo, 117 apelaciones de la defensa y tres fallos de prescripción de la acción penal, Nora y Eduardo Iglesias recordaron con una misa el decimotercer aniversario de la muerte de su única hija, Marcela. Ahora, los padres buscan justicia fuera del país: con un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esperan que se anule la prescripción y se reabra la causa en el país.

“En un régimen democrático las personas tienen derecho a vivir y a recibir justicia. Durante 13 años, a Marcela le negaron ambos”, relató a Página/12 calmo, pausado y sobre todo seguro, Eduardo. Según las pericias policiales, Marcela (de 6 años) murió en el acto víctima de una estructura mal soldada, corroída y oxidada, de dos metros de altura y con un peso de 270 kilos. Pero, además, la ausencia de control municipal sobre esa instalación y la falta de medidas básicas de seguridad en la exposición artística resultaron imprescindibles para el fatal desenlace.

“Mientras mi hija moría aplastada, los inspectores municipales Antonio Mazzitelli, Héctor Torea y Juan Carlos Favale hicieron la vista gorda ante un manojo de irregularidades, ya que el parque Tres de Febrero –donde se encontraba el Paseo de la Infanta– siempre fue un área de protección histórica y sólo podía existir como espacio verde –relató Nora a Página/12, con la foto de Marcela en forma de prendedor–. Por lo tanto, la escultura de Danilo Danzinger, al igual que la Galería Der Brucker, propiedad de Diana Gonzales de Lowestein, nunca estuvieron habilitadas para estar en ese predio.” Tampoco, como denunció en 2002 la Asociación Amigos del Lago de Palermo, los 20 locales comerciales ubicados bajo los arcos concesionados a la empresa de Lowestein –Panter SRL– contaban con habilitación o planos aprobados, pese a que la Municipalidad les permitía instalarse allí, en contradicción con la normativa vigente.

Por la muerte de Marcela, Luis Schegel (el primer juez de la causa) procesó a Danzinger y a Lowestein por homicidio culposo y lesiones; al ex secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Marco Pasinato, por abuso de autoridad –luego fue exonerado– y a los inspectores municipales Torea, Favale y Mazzitelli por homicidio culposo e incumplimiento en los deberes de funcionario público. Aunque todas las penas eran excarcelables, nunca se llegó a juicio oral y público. Para el abogado de los Iglesias, Daniel Stragá, “los defensores de los imputados hicieron de todo por entorpecer la causa y los jueces les permitieron fácilmente esa dilación”. De hecho, “el Poder Judicial argentino sistemáticamente favorece los intereses de imputados poderosos, en detrimento del derecho de las víctimas. En este caso fueron 117 apelaciones por parte de los abogados defensores”, sostuvo Stragá.

En febrero de 2005, el Congreso nacional modificó el artículo 67 del Código Penal y aprobó la ley 25.990: los plazos de prescripción de un delito se detienen sólo cuando se comete otro delito, por un llamado a indagatoria, por un pedido de elevación a juicio o por el llamado a juicio y la condena. En la causa por la muerte de Marcela, se aplicó el principio de “la ley más benigna”. “Transcurrido el vergonzoso tiempo de ocho años sin que se dictara sentencia, la jueza Nocetti de Angeleri premió a los imputados con la prescripción de la acción penal”, aseguró Stragá. También, la Cámara de Casación porteña y la Corte Suprema reafirmaron el fallo de Nocetti de Angeleri.

“La causa parece una burla”, dijo Norma. En su voz se entremezclaba tristeza con algo de vergüenza: “Nosotros ni siquiera queremos una condena, sólo pedimos que la causa de Marcela tenga un juicio para que sepamos cómo murió nuestra hija”, relató la mujer, mientras observaba el rostro de su marido como buscando aprobación a sus palabras. Con la negativa del fallo de la Corte Suprema, los Iglesias decidieron llevar la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En un claro abuso del derecho de defensa, se le impidió a la familia de Marcela la posibilidad del acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces que posibilitase el castigo a los culpables”, argumentó en su escrito Stragá. La CIDH dio traslado de la demanda al gobierno argentino y la Cancillería ya prepara el informe para la respuesta.

Hoy a las 11, Marcela Iglesias tendrá su homenaje en el lugar donde falleció.

Informe: Mariana Seghezzo.