Un pedido de desalojo amenaza con finalizar en los próximos 15 días con el trabajo que hace 10 años lleva adelante la Mutual Sentimiento, creada por un grupo de ex presos políticos, en los seis pisos del edificio de la estación Federico Lacroze –ex Línea Urquiza– y por el que unos 5 mil asociados reciben atención en salud, asesoría legal y participan de una red de comercio justo, entre otras actividades. El edificio fue otorgado en concesión en 1999 por la Onabe a la mutual y otras organizaciones sociales hasta abril de este año. El 29 de julio, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) –que reemplaza a la Onabe– envío una carta documento solicitando la “restitución del inmueble”. La mutual realizará mañana una concentración frente a la sede del organismo para que se dé marcha atrás en la postura de desalojarlos.

Los seis pisos del edificio de la estación Lacroze comenzaron a convertirse en un espacio para los cinco mil beneficiarios de la mutual y las 95 familias que llevan adelante emprendimientos de economía social en 1999, a través de un contrato de concesión que la Onabe otorgó por el inmueble, abandonado tras la etapa de privatizaciones. Después de cinco años, con 22 organizaciones trabajando en el edificio, una farmacia de medicamentos genéricos y la radio comunitaria Libre en funcionamiento, la mutual renovó el contrato hasta el 28 de abril pasado.

El fantasma del desalojo ya había comenzado a dar vueltas cuando los representantes de la ADIF –organismo creado por la ley de “reordenamiento ferroviario” de 2008 y que reemplazó a la Onabe en la administración de la infraestructura ferroviaria– no daban respuestas claras sobre el futuro del edificio a pesar de los pedidos de la mutual, según contaron los representantes de Sentimiento.

La primera respuesta clara desde el organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal, fue la carta documento del 29 de julio que solicita la “restitución del inmueble”, firmada por el gerente de explotaciones de ADIF, Mario Zamora. La segunda respuesta llegó ayer durante una reunión que la mutual mantuvo con Zamora y el presidente de la sociedad de Estado, José Villafañe. “Dijeron que si pagamos 100 mil pesos de alquiler podíamos quedarnos sólo en algunos pisos del edificio porque los otros se los alquilarían a Metrovías. Y si no, recomendaron que nos vayamos a unos terrenos de la Fundación del padre Grassi”, en Chacarita, apuntó Graciela Dravicevich, una de las fundadores de la mutual, sobre el contenido de la reunión.

Ante la negativa de la ADIF de dar marcha atrás al pedido de desalojo, desde la mutual esperan una toma de posición de los niveles más altos de gobierno para que se reconozca el trabajo social que realizan las 22 organizaciones y les permitan continuar en el edificio. La esperanza está puesta en el artículo 9 de la ley 26.352, que creó la ADIF y que delega en el Ministerio de Planificación Federal la representación del Poder Ejecutivo en las decisiones de esa sociedad del Estado.

Es que el impacto social de la mutual, que cobra una cuota mensual de 3 pesos, llega a 5 mil asociados que tienen acceso a servicios de asistencia y muchas de esas personas –desempleados y jefes de familia de bajos recursos– llegan desde las localidades ubicadas en el ramal de la ex Línea Urquiza con cabecera en Federico Lacroze. También reciben los beneficios de programas que el mismo Estado nacional y el porteño ejecutan a través de Sentimiento.

“Desde el organismo nunca nos consultaron por qué necesitamos estar en este edificio. No hay conciencia de cómo funciona una mutual y el fin social que perseguimos. Mudarnos implicaría perder el contacto con los beneficiarios de la asistencia social y, económicamente, una disminución en la cantidad de socios y, por tanto, de las cuotas que habilitan los ingresos para que la mutual funcione”, explicó Eduardo Katz, del Consejo de Dirección de Sentimiento.

Desde la ADIF, ante una consulta de Página/12, decidieron no realizar comentarios sobre el contenido de la reunión mantenida con la mutual y subrayaron la vigencia del pedido de desalojo del edificio, ya que está incluido “en un programa de remodelación integral del servicio ferroviario que baja desde la presidencia”, que incluiría la explotación de los bienes.

Para fortalecer el reclamo, los trabajadores de las cooperativas y los grupos de artistas de la mutual junto a otras cien organizaciones que respaldan la causa realizarán un concentración mañana a las 16 en las puertas de la sede porteña de la ADIF, en Libertador y Ramos Mejía, en la estación Retiro.

En desacuerdo con el argumento de la “reactivación ferroviaria”, el acto también llevará el pedido de renuncia de la cúpula de la ADIF, a los que la mutual relaciona con el gremio de La Fraternidad que “participó del desguace ferroviario en complicidad con los concesionarios”.

Informe: Nahuel Lag.