Para la abogada Diana González, la polémica encontró sus aristas más espinosas en “el cuestionamiento del papel del INAU y los jueces, porque, mientras que por un lado se reconoce que el Instituto es el órgano competente para controlar la política de adopciones, hay sectores que resienten que se les quite un poder. Aunque la ley no lo permite, se dan situaciones en las que las adopciones no pasan por ese sistema de control estatal, sino que los chicos son entregados en los hospitales o que la adopción se arregla a través de abogados y escribanos que intermedian. No es normal, pero sí habitual. Y eso genera daños, porque muchas veces hay reclamos de parte de las mamás que se han sentido acosadas para que entreguen a sus niños, y a veces algunas familias lo hacen a través de distintas formas, digamos de compra. No lo permite la ley, pero en la práctica se genera una trata. Con el cambio, eso no podrá hacerse más y será un juez quien decida la condición de adoptabilidad”.

Curiosamente, y procurando no poner sobre el tapete esa “cultura del interior” que, de acuerdo con los promotores de la nueva ley de adopción, enrola a abogados, escribanos y el Movimiento Familiar Cristiano en prácticas reñidas con la ley, fueron la oposición política y la Iglesia las responsables de focalizar la atención pública sobre la posibilidad de adoptar que el proyecto de ley habilitaría a familias gay. El propio arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, redobló la apuesta a mediados de este mes, al dar a conocer un comunicado en el que tildaba como “grave aceptar la adopción de niños por parejas homosexuales”, porque “es ir contra los derechos fundamentales del ser humano en cuanto persona”.

“El MFC se ha quejado porque ellos procesan todo tipo de adopciones, obviamente a su propio criterio y según sus exigencias. Pero acá el debate es si como sociedad aceptamos los criterios de cualquier organización o los de un ente público que contrata profesionales por concurso”, evaluó Mauricio Coitiño. De acuerdo con González, en Uruguay “hay muchas familias que quieren adoptar y no tantos niños en condición de adoptabilidad. A eso se suma que hay muchos niños que crecen institucionalizados por falta de políticas públicas tempranas, porque muchos de esos niños podrían haber sido criados en familias que recibieran apoyo estatal”.