En un fallo inédito, el juez en lo comercial Héctor Vitale declaró “inconstitucional” la ley de “utilidad pública” que la Legislatura porteña aprobó por unanimidad en diciembre para “conservar la fuente de trabajo” de la cooperativa de trabajadores de IMPA. Los 63 trabajadores de la fábrica metalúrgica están en asamblea permanente frente a la nueva posibilidad de un desalojo como el que ya vivieron en abril de 2008, cuando el juez declaró la quiebra de la cooperativa. Con la resolución, Vitale solicitó al gobierno porteño la “inmediata puesta a disposición del tribunal” de los bienes de la cooperativa y que “el síndico (representante de los acreedores) deberá proponer la alternativa más conveniente para lograr una pacífica y ordenada transición hasta la venta”. Hace diez días, un grupo de legisladores porteños se presentaron ante el juez para indicarle que la “tenencia precaria” del inmueble estaba acorde con la legislación de que rige en la ciudad, pero el magistrado avanzó con el fallo. Según el representante de la cooperativa Eduardo Murúa –que permanece en huelga de hambre junto a otra trabajadora, desde hace una semana–, el avance de la “aberrante” medida judicial significaría el cierre de “una fábrica que es más que una recuperada porque está abierta al pueblo”.

“Existe una animosidad específica contra los trabajadores de la cooperativa y vale sospechar de intenciones de lucro con el inmueble”, sentenció el legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), coautor de la ley de expropiación de IMPA. Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), el otro coautor de la norma, entendió que “el juez se está extralimitando al cuestionar el criterio de los legisladores, que actuaron de acuerdo con la ley en base a la cual se hicieron declaraciones de utilidad pública de otras veinte empresas. En el caso de IMPA se está peleando por el gran valor inmobiliario que tiene el predio”.

La ley 2969, sancionada por la Legislatura y promulgada en enero por el Ejecutivo porteño, aseguró a los trabajadores de IMPA la entrega en comodato del inmueble por el plazo de dos años, para continuar con la producción de materiales de aluminio, las actividades del centro cultural, la atención médica en el centro de salud y el bachillerato popular (ver aparte).

Sin embargo, el fallo del juez aduce que en el texto de la ley no se incluyeron “las razones por las cuales se había concluido que los bienes debían ser de utilidad pública”. Además, el fallo indica que hay un segundo punto que no se cumple para “que una expropiación sea admisible” y es el previo pago de una indemnización.

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica aseguró que “la ley 238, que reglamenta las expropiaciones en la ciudad, contempla la fecha de pago de indemnización al año de planteada la expropiación. Una solicitud que el síndico (Alejandro De Benedetti) pide a través del juez con anterioridad”. Y resaltó que diez días antes del fallo se presentó en calidad de “amicus curae” junto a los legisladores Diana Maffia, Eduardo Epszteyn y Gonzalo Ruanova para realizar una recomendación sobre lo “incompetente” del fallo que finalmente promulgó.

El abogado de la cooperativa de trabajadores, Gabriel Coria, consideró que “la declaración de inconstitucionalidad busca que los trabajadores que obtuvieron el comodato por la ley de la ciudad queden en una ocupación ilegítima del bien, lo que implicaría una solución inmediata: el desalojo. Además, generaría un precedente dentro del marco de la ciudad que podría ser aplicado por cualquier juez en cualquier jurisdicción”.

La idea de un acuerdo entre el síndico y el juzgado para el remate del bien es una presunción fuerte entre los trabajadores del IMPA. Según Murúa, “en las conversaciones que tuvimos con el juez se dio a entender que él le pidió al síndico que presentara formalmente el pedido de inconstitucionalidad, luego de encargarse de la redacción”.

El tironeo con el juzgado, según Murúa, comenzó en 2006 con el cambio de la comisión directiva de la cooperativa que permitió el ingreso de inversores que “nada sabían del rubro y perdieron todo el capital construido”. Desde entonces, “alguien vio el negocio inmobiliario y se comenzó a negociar el pago a los acreedores, al Banco Nación y las indemnizaciones para los trabajadores. Todas las operaciones las realizaban por un total de siete millones de pesos, pero el valor del edificio, si se remata, alcanza los 20 millones”.

Sin que se concrete esa operación, en abril de 2008 la fábrica fue declarada en quiebra, “a pesar de que se había acordado un plan de pago con los acreedores, presentado ante el juez”, indicó Murúa.

Tras un desalojo realizado en abril de 2008, los trabajadores reocuparon la fábrica, por lo que el juez en su fallo diferencia al IMPA de otras fábricas recuperadas en las que “no se trata de casos de ‘usurpación’”.

Los pasos a seguir serán en la Cámara de Casación con la apelación por parte de la cooperativa –a la que se sumaría la réplica de la Procuración porteña–. Hoy, Murúa se reunirá con la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, para solicitarle su apoyo, ya que la entidad es el principal acreedor de IMPA.

Mientras tanto, los trabajadores continuarán produciendo pomos, bandejas y papel de aluminio para una cartera de cien clientes con la certeza de que el lugar de trabajo “lo vamos a defender hasta que no haya posibilidad de desalojo”, advirtió Marcelo Castillo, presidente de la cooperativa.

Informe: Nahuel Lag.