Dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia mendocina rechazaron la propuesta expresada por el gobernador, Celso Jaque, para castrar, por medio de un proceso químico, a los violadores reincidentes.

El presidente del máximo tribunal provincial, Jorge Nanclares, opinó que la iniciativa oficial es “una suerte de revancha hacia la persona que cometió el ilícito” y que, desde el punto de vista legal, “no plantearía hablar de castración”. Nanclares consideró que si bien el violador “no deja de ser un delincuente”, en su caso no le “gustan ni las revanchas ni las venganzas”.

Por su parte, la jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, también integrante de la Suprema Corte mendocina, señaló que la provincia “no está facultada para establecer penas”. Si la propuesta del gobernador Jaque “se pretende imponer como una pena, la provincia no está facultada para establecer penas”, porque “el Código Penal es nacional”. Para Kemelmajer de Carlucci, “si al Congreso de la Nación se le ocurriera establecer esta pena, sería una medida altamente conflictiva desde el punto de vista institucional”. “Este tipo de penas no son posibles de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos”, comentó.