[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Parece primar más el apuro por los pedidos de seguridad que los derechos de los niños.” La frase resume la posición de buena parte de las organizaciones sociales frente a la media sanción que el Senado dio el miércoles al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La aprobación del Senado desató una polémica entre quienes rechazan la baja de edad de imputabilidad, que propone el proyecto, y quienes la defienden sosteniendo que no se trata de una baja de edad y que el proyecto instrumenta garantías sobre una franja de adolescentes castigados por la policía y que son detenidos sin blanquear. Algunos acuerdan en que el proyecto representa un avance en garantías procesales aunque desconfían de su cumplimiento.

“La ley significa un paso adelante en el sentido que contempla y mejora las garantías procesales de los chicos y crea estructuras de probation y medidas socioeducativas como parte de las penas. Pero no se contemplan medidas de prevención que significa que los chicos accedan a sus derechos. Parece primar más el apuro por los pedidos de seguridad que los derechos de los niños”, indicó Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité por los Derechos del Niño (Casacidn).

Respecto de la baja de imputabilidad, Laura Taffetani, integrante del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que nuclea a cientos de organizaciones que trabajan por la infancia, apuntó que “colocar a los pibes como el problema de una inseguridad construida por los adultos es hipócrita. Significa la construcción de un enemigo interno, cuando como sociedad no existe la responsabilidad para brindarle a los chicos los insumos básicos para su crianza”.

En cambio, el diputado Emilio García Méndez, especialista en el tema, destacó que la ley permitirá “un debido proceso a los menores de 16 años que hoy están detenidos, ilegalmente, por medidas de protección”.

El proyecto con media sanción ordena que los centros en los que los adolescentes queden detenidos deberán ser dirigidos “por personal especializado y capacitado” y “en ningún caso podrán estar a cargo de personal policial”. Puntos como éstos son apoyados en forma unánime, pero muchos sospechan que la orden se transforme en “letra muerta”. Taffetani sostuvo que “esas condiciones también estaban indicadas en la Ley de Patronato (reemplazada por la Ley de Protección Integral Infantil) y no se cumplían”.

Según un informe de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, publicado en 2008, el 12 por ciento de los chicos permanecía privado de su libertad en centros policiales y el 21 por ciento en unidades penitenciarias. “Con un chico que llega a ser parte de un hecho delictivo es necesario trabajar con las herramientas que le permitan construir un proyecto, algo que en la cárcel no van a conseguir”, resaltó Taffetani.

Shulman advirtió que en Buenos Aires las leyes vigentes son “excelentes, pero no están funcionando. Tanto es así que están queriendo ir para atrás y ampliar el tiempo que los chicos pueden permanecer detenidos en las comisarías, porque ‘no tienen tiempo para investigar’. En la provincia de Buenos Aires no pueden formar los sistemas de protección por falta de presupuesto”.

“Cuando decimos que no hay pibes en conflicto con la ley es porque consideramos que es la sociedad, en conflicto social y económico, la que los lleva a un callejón sin salida”, apuntó Mario Espínola, referente de la organización Chicos del Sur, una de las que estuvo presente en el Senado para pedir “no a la baja de imputabilidad”.

“Los legisladores avanzan sobre este proyecto con muchísima desinformación. Viviendo realidades muy distintas a las de los pibes que mueren de hambre, que tienen falta de atención en salud. Nadie está legislando para terminar con el hambre mañana”, sentenció Espínola.

Informe: Nahuel Lag.