Luego de meses de debate parlamentario, la Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer las modificaciones del Senado al proyecto de ley sobre la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva hormonal de emergencia, denominada popularmente “del día después”. La ley intenta saldar la objeción que el Tribunal Constitucional, máxima corte de Justicia chilena, había impuesto –a partir de demandas de organizaciones provida– sobre el reparto de esas píldoras, dispuesto por el gobierno de Michelle Bachelet. Además de posibilitar el libre acceso a los distintos métodos anticonceptivos, la nueva ley obliga a los servicios públicos de salud a entregar a la población información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad tanto femenina como masculina. La iniciativa también insta a los colegios a que incluyan en su ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual. La oposición de derecha anunció de inmediato que pedirá al Tribunal Constitucional la revisión del texto.

“Esta ley permite la distribución gratuita de la píldora en todos los consultorios públicos del país, lo que hoy día estaba restringido porque sólo era posible adquirirla en las farmacias. Es decir, las personas que tenían recursos económicos sí podían adquirirlas, y no así las personas de los sectores pobres”, argumentó minutos después de sancionada la normativa Carmen Andrade, ministra del Servicio Nacional de la Mujer y una de las principales propulsoras de la iniciativa.

Para poner fin a la discriminación en materia de derechos reproductivos entre mujeres ricas y de bajos recursos, varios diputados de izquierda y organizaciones feministas debieron sortear los distintos impedimentos de la derecha chilena. En septiembre de 2006, el gobierno de Michelle Bachelet aprobó las Normas Nacionales sobre Regulación de Fertilidad, que tenían la intención de reducir el embarazo adolescente. Entre otras medidas, se preveía la entrega obligatoria de la “píldora del día después” y de métodos anticonceptivos a partir de los 14 años.

Desde entonces, la oposición de derecha arremetió con distintas estrategias para desbaratar la iniciativa gubernamental. Primero, como la mayoría de los municipios están gobernados por conservadores, lograron burlar la medida gubernamental desabasteciendo los consultorios médicos. Luego, presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre las Normas y el Tribunal Constitucional, en abril de 2008, falló en contra de la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva hormonal de emergencia. “Es muy importante que justo en este momento, antes de que los chilenos elijan un nuevo presidente, se apruebe la ley”, explicó a Página/12 Mabel Bianco, presidenta de Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer en Argentina. Porque, según la especialista, “si el nuevo mandatario deseara revertir este gran acontecimiento en materia de salud reproductiva le va a costar horrores: el debate ya no se puede detener y les da a los grupos llamados pro vida muchas menos herramientas para objetar”.

La norma establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad en forma clara, comprensible, completa y confidencial. La iniciativa también instituye el derecho a elegir libremente, sin coacción y de acuerdo con las creencias o formación de cada uno, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina que cuenten con la debida autorización y, del mismo modo, acceder efectivamente a ellos.

En caso de que el método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una persona menor de 14 años, el funcionario o médico responsable, en el sistema público o privado de salud, deberá entregar el medicamento e informar luego al padre, la madre o al adulto a cargo del chico. “Esa parte de la normativa es totalmente limitante para que los adolescentes se acerquen al sistema de salud –admitió Bianco–. Es muy probable que si una piba o un pibe llegan a un hospital, luego de charlar con los médicos, tienen más argumentos para hablar con sus padres sobre el tema, pero si de antemano saben que sus papás se van a enterar ni siquiera acudirán al especialista.” De todas maneras, “la ley es un verdadero avance en materia de educación sexual”, concluyó la especialista.

Informe: Mariana Seghezzo.