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El ex funcionario Roberto Loiácono y su hijo Fernando rechazaron ayer, ante el juez Norberto Oyarbide, todas las acusaciones de vinculación con la llamada mafia de los medicamentos. En su declaración indagatoria, Roberto dijo que la compra de medicamentos oncológicos que hizo el Ministerio de Salud en mayo de 2009 se realizó mediante una licitación lanzada cuando él ya no ocupaba cargos en el área, por lo que no planeó ni firmó nada sobre esa adquisición. Además, respecto de una compra anterior, en la que se le adjudicaron sobreprecios, Loiácono sostuvo que el sumario interno demostró que hubo una diferencia de precios de 35 mil pesos en un monto superior a cuatro millones, pero aun en esa compra él tampoco tenía ni poder ni firma. Por su parte, Fernando Loiácono se defendió con un argumento paralelo: “Mi padre no tenía poder sobre las compras, de manera que no me pudo beneficiar”. La prueba que más incrimina a Fernando es una escucha telefónica donde Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados en la causa de los medicamentos, dice: “Fernando Loiácono deja acá 300 mil pesos y el resto se lo lleva”. Todo indica que se trató del pago de un retorno.

Eduardo Barcesat, defensor de Loiácono, pidió que se le decrete la falta de mérito y se lo libere de inmediato. “Estamos ante un profesional de mucha reputación, que redacta protocolos sobre tratamientos oncológicos que no sólo se usan en la Argentina, sino también en Chile. Tiene un consultorio muy simple, heredado, una vivienda modesta y un Peugeot 207 de hace varios años. No hay ningún fundamento para que le esté pasando esto”, se quejó Barcesat.

Loiácono padre sostuvo en su declaración indagatoria que se le abrió un expediente por compra excesiva y con sobreprecios de productos oncológicos. Por eso fue suspendido de su cargo en el Programa Nacional de Control del Cáncer y se lo envió a otra área. En ese momento se hizo la licitación cuestionada, en la que –según Loiácono– ya no tenía relación con la operación. El profesional incluso manifestó que antes, cuando se le abrió el sumario, tampoco decidía sobre compras, de las que se ocupaban el departamento de compras y el director.

También Oyarbide le cuestionó a Loiácono que haya hecho informes de auditoría oncológica para el Policlínico Bancario. El profesional sostuvo que no existía incompatibilidad, que además él trabajó como médico y lo seguía haciendo y, para colmo –afirmó–, “me fui del Policlínico Bancario porque me debían seis meses de honorarios”.

En cuanto a Loiácono hijo, su defensa consistió en afirmar que había quince superiores de su padre y que éste, al no tener poder de decisión sobre compras, no podía beneficiarlo. En la acusación se menciona la adquisición de Oseltamivir, el medicamento contra la gripe A. En esos casos, los laboratorios y droguerías eran convocados por el departamento de compras y la adjudicación la hacía la conducción del ministerio.

Pero el centro de la acusación contra Fernando es una escucha ordenada por el juez a Lorenzo, el hombre que con su droguería, San Javier, aparece en el centro de las maniobras que involucran también al sindicalista Juan José Zanola. Lorenzo le dijo a un tercero que Fernando Loiácono dejaría 300 mil pesos y se quedaría con el resto. Suena a que se pactó un sobreprecio en una venta a la Bancaria y que Fernando entregaría el dinero. En la indagatoria, Loiácono hijo desconoció la escucha, pero esa evidencia seguramente tendrá peso en la decisión que tome el juez Oyarbide en los próximos diez días.