Con el paso de las horas, en el Gobierno empezaron a hacerse a la idea de que el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se terminará yendo, pero tras dos o tres días de suspenso e indefinición. En la Casa Rosada confían en que el propio sistema bancario será clave para que Redrado finalmente dé un paso al costado. En ese sentido, en Balcarce 50 consideraron clave el comunicado que difundió Adeba, la entidad que agrupa a los bancos privados de capitales argentinos, cuyo titular es el presidente del Banco Macro, Jorge Brito. En el mensaje, Adeba pidió a Redrado que renuncie para “contribuir a preservar la estabilidad del sistema”.

Ayer a primera hora, el Gobierno se desayunó con una novedad que reactivó malhumores del pasado cercano y encendió velozmente luces de alarma. Los funcionarios del área económica para entonces habían constatado que Redrado seguía negándose a abrir una cuenta en el organismo a nombre de la Secretaría de Finanzas con el objeto de instrumentar lo dispuesto por el decreto presidencial 2010/09. Esa norma creaba el Fondo del Bicentenario, que había sido pensado para pagar de manera anticipada vencimientos de deuda con 6569 millones de dólares provenientes de las reservas del Banco Central. Redrado no sólo se negaba a crear la cuenta en cuestión. Aparte de mantener su negativa a ejecutar una decisión de la Presidenta, el banquero informó que no pensaba renunciar. El Gobierno se encontró entonces con una situación como mínimo curiosa: el titular del Banco Central comenzaba a seguir el camino del vice Julio Cobos, quien tras votar en contra del oficialismo se convirtió en un paladín para la mayor parte de los medios y en un fenómeno de opinión pública.

Cuando supo de la decisión de Redrado de resistir su alejamiento, la Presidenta se encontraba en la quinta de Olivos. La acompañaban sus colaboradores más cercanos, entre ellos el subsecretario de Medios, Alfredo Scoccimarro. Allí se preparó cuál sería la respuesta del Gobierno. El primero en salir a contestar fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “La actitud de Redrado de no renunciar está reñida con sus propios dichos”, cargó. Según Fernández, Redrado había dicho varias veces en público que su renuncia estaba a disposición, por lo que la mandataria se estaba limitando a aceptar lo que él ya había ofrecido ante testigos. El jefe de Gabinete también acusó a Redrado de estar incurriendo en la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. “A partir de que (un decreto) se publica en el Boletín Oficial, empieza a regir esta normativa y se debe cumplir. No es opinable”, cargó Fernández.

La catarata de declaraciones siguió a través de otros funcionarios y dirigentes del oficialismo. En ese momento, en el Gobierno ya sabían que si Redrado no renunciaba por iniciativa propia se encontrarían con un panorama más complicado. Para removerlo, debido a la autarquía del Banco Central, el Ejecutivo primero debería escuchar la opinión de un consejo integrado por cinco miembros del Parlamento: dos diputados, dos senadores y el titular del Senado, nada menos que Cobos. La ofensiva contra Redrado continuó con voces de todo el kirchnerismo, como el ex diputado Edgardo Depetri, el fundador de la FTV Luis D’Elía, el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto; el diputado Jorge Landau, apoderado del PJ. Por sugerencia de la Presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, pidió que no exacerbaran demasiado las críticas a Redrado.

Pero la mirada del Gobierno comenzó a perder esas contemplaciones –más bien hubo indignación– cuando la TV mostró a los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz que salían del Banco Central. Los dos senadores de la UCR elogiaron la determinación de Redrado con palabras fervorosas. “No ha hecho más que cumplir con la Carta Orgánica”, dijo Sanz. La molestia del Ejecutivo llegó a su punto máximo cuando Cobos exhortó al Congreso a convocar a una sesión especial para tratar “de inmediato” la validez del decreto 2010.