Mañana se reanudarán las audiencias en la Comisión de Legislación General del Senado sobre el proyecto de ley que modifica el Código Civil para habilitar al matrimonio a parejas integradas por personas del mismo sexo.

Entre tanto, el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, no perdió la ocasión de un lobby dominical: en su homilía llamó a respetar el derecho que los niños tienen “de tener un padre varón y una madre mujer”. Por otro lado, El Colegio de Magistrados porteños redactó una nota en la que manifestaba la profunda preocupación de sus miembros por las “decisiones adoptadas por integrantes de la Justicia Civil referidas a sentencias dictadas por distintos jueces” porteños. Se refieren específicamente a las nulidades de los jueces civiles nacionales Martha Gómez Alsina y Félix de Igarzábal a los fallos de los jueces porteños Elena Liberatori y Gabriela Seijas, que autorizaron matrimonios entre personas del mismo sexo.

Gómez Alsina ya tiene en curso un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura. Contra Igarzábal ya se presentó denuncia y aguarda su tratamiento. En la nota de los magistrados porteños –a la que tuvo acceso este diario– se sostiene que “al pretender invalidar (los jueces civiles nacionales) pronunciamientos dictados para resolver acciones de amparo sustanciadas debidamente entre las partes que protagonizan el juicio ante la jurisdicción local, ellas se traducen en un apartamiento de las reglas que disciplinan el debido proceso en sede judicial con palmario menoscabo de la autonomía de la Ciudad consagrada a nivel constitucional”.