Luego de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, sancionada hace dos semanas en el Senado, las organizaciones que luchan por el respeto a la diversidad sexual iniciarán una campaña para que el Congreso trate dos proyectos relacionados con la identidad de género de travestis y transexuales. “Nuestra idea es que baste con una declaración jurada ante un organismo público, como el Registro Civil o el Registro Nacional de las Personas, para que una travesti pueda tener en el documento el nombre que eligió”, explicó a este diario María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). El otro proyecto, agregó, apunta a que el sistema de salud público y privado garantice el tratamiento hormonal, las siliconas y la operación de reasignación sexual, en el caso de las personas transexuales.

La campaña tendrá como lema “Derecho a la identidad, derecho a tener derecho” y comenzará la semana que viene. Hubo un primer proyecto sobre el tema, redactado y presentado en 2007 por la entonces diputada Silvia Augsburger del Partido Socialista. Esta iniciativa perdió estado parlamentario, pero fue presentada nuevamente por la diputada rosarina en 2009 y tuvo en su momento las firmas de varios legisladores oficialistas, de la Coalición Cívica, Proyecto Sur y del Peronismo Federal.

El proyecto de Augsburger incluía la creación de una Oficina de Identidad de Género integrada por un equipo interdisciplinario que evaluaría, según el texto, “las solicitudes de rectificación registral del sexo y cambio de nombre”. La persona interesada, además, debía concurrir con un testigo que certifique la identidad elegida y luego de 90 días hábiles llegaría una respuesta. “Originalmente, queríamos que esta oficina sirva para contener la marginalidad extrema en la que viven muchas travestis y que sirva de vínculo con otros organismos públicos para ayudarlas, pero a algunas personas les preocupa la reglamentación interna de la oficina y los criterios para aceptar solicitudes”, comentó Rachid.

Desde la Falgbt sumaron el año pasado otros dos proyectos elaborados en el ámbito del Instituto para la Discriminación. El primero se centra en la identidad de género y reemplaza la creación de una oficina para aprobar el cambio de nombre en el documento por una declaración jurada firmada ante algún organismo oficial, dependiendo de cómo se reglamente la ley.

El cambio registral se haría sin necesidad de operación de reasignación sexual ni de diagnóstico médico de disforia de género, “terminología que en el manual de enfermedades psiquiátricas se aplica a la transexualidad”, informó ayer Esteban Paulón, secretario de la Falgbt.

“Ese proyecto está basado en el derecho a la identidad y a la autonomía personal, que es también constitucional, porque uno tiene derecho a construir su propia identidad, porque la identidad es un derecho personalísimo. Es la diferencia entre ser ciudadano y no serlo. Con un documento que no refleje su identidad real, una persona no es aceptada en la escuela, en el sistema sanitario, ni tiene la posibilidad de votar”, explicó Paulón. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados, donde podrían debatirse, según la Falgbt, a mitad de septiembre y principios de octubre.

El segundo proyecto se refiere a la atención sanitaria y, según adelantó Rachid, obliga al Estado y a las obras sociales y prepagas, a través del Plan Médico Obligatorio, a incluir los tratamientos hormonales, implantes y las cirugías en los casos de mujeres y varones que deseen adecuar su genitalidad. Actualmente se registran muchas muertes entre las travestis que se inyectan siliconas mientras otras sufren problemas de salud por utilizar productos para hormonarse sin control médico. Este proyecto vendrá después del de identidad de género en el Congreso porque requiere presupuesto y cambios en el ejercicio de la medicina.

En la jurisprudencia argentina ya hay varios casos de cambio de documento de personas trans, el más conocido es el de la activista transexual Marcela Romero, que luego de diez años de proceso judicial consiguió un documento acorde con la identidad sexual que eligió. Romero fue elegida como “la mujer destacada del año 2009” por el Congreso nacional. La estrategia judicial de la Falgbt apuntará a conseguir nuevos documentos para dos chicas trans de Tucumán, cuyos abogados pertenecen a la agrupación Crisálida y presentaron el lunes pasado ambos amparos y aún esperan respuesta de la Justicia.

Una de ellas se llama Claudinna Legizamón, es actriz, trabaja como cosmetóloga y peluquera y estudia arte. La otra es Emilia Rodríguez, con título de técnica química, y estudiante de la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. En diálogo con Página/12, Rodríguez, de 29 años, dijo que habló con cada uno de sus profesores para que la llamaran por su nombre cuando toman lista. “Los pocos que se negaron dicen que el Estado los ampara para maltratarme”, dijo Rodríguez, quien al conocerse públicamente su demanda recibió adhesiones, vía mail y mensaje de texto, de todos los alumnos particulares a los que enseña matemática, química y física.

“Yo elegí esta identidad desde que tengo uso de razón y me provocó una enorme exclusión desde que comencé la primaria. Pasé gran parte de mi vida tratando de adaptarme a las reglas hasta que se me hizo imposible”, recordó Rodríguez quien, a diferencia de muchas otras personas trans, cuenta con la contención y el apoyo de sus padres. “Si se aprueba la ley de identidad de género –agregó–, voy a poder ir tranquila a un hospital, pedir un préstamo o usar mi tarjeta de crédito, muchas veces cuando la muestro en un negocio piensan que es robada.”