Como si se tratara de un ritual, la Casa Rosada se llenó otra vez de euforia. Gobernadores, militantes sociales, legisladores, funcionarios y dirigentes de las centrales sindicales se amucharon ayer en el Salón de las Mujeres del Bicentenario para presenciar un anuncio trascendente. Cristina Fernández de Kirchner los había convocado para darle el marco apropiado a lo que estaba por decir por cadena nacional. Minutos después del mediodía, la Presidenta empezó a desgranar las medidas preparadas: aumento del 16,9 por ciento a partir del 1º de septiembre para todos los jubilados y pensionados, así como los beneficiarios de pensiones no contributivas y ex combatientes de Malvinas. El haber mínimo pasa de 895,2 a 1046,5 pesos, aunque con el subsidio del PAMI se eleva a 1091,5 pesos. Suba del 22,2 por ciento para la asignación familiar por hijo e hijo discapacitado y el mismo porcentaje para la nueva Asignación Universal por Hijo de padres desocupados, en negro y empleadas domésticas. El cuarto anuncio fue la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para actualizar ese sueldo que en este momento se ubica en 1500 pesos. El paquete global de incrementos tiene un costo fiscal anualizado de casi 18.000 millones de pesos, equivalentes al 1,35 por ciento del PIB. El Gobierno destacó el impacto que tendrá esa inyección de recursos en el mercado interno, en una economía que este año volvió a crecer a tasas chinas.

“Estamos fijando políticas de Estado que dan certidumbre y que son sustentables, para que no quede todo sujeto a los humores del gobernante de turno y tampoco de quienes ahora muestran una vocación por los jubilados y cuando fueron gobierno hicieron otra cosa”, definió la Presidenta, en una frase que resume las líneas centrales de su discurso: defensa de lo actuado por el Gobierno desde 2003 en materia previsional y cuestionamientos a la oposición por no haber acompañado los ejes fundamentales de esa política –ley de movilidad, eliminación de las AFJP y ampliación de la cobertura– y por su responsabilidad en el derrumbe de las jubilaciones cuando les tocó administrar el país. Fue también una respuesta al conglomerado opositor que ahora levanta la bandera del 82 por ciento móvil para la jubilación mínima.

La suba del 16,9 por ciento en los haberes previsionales es la que corresponde a la ley de movilidad. Esa norma, sancionada a fines de 2008, fija dos aumentos por año: uno en marzo y otro en septiembre, en función de un índice que combina la evolución de los salarios de los trabajadores activos y la marcha de los ingresos de la Anses. Este será el cuarto aumento por esa fórmula, que la oposición había calificado de “tramposa”. El 16,9 por ciento se suma al 8,21 de marzo último, lo que arroja una mejora global para el año del 26,49 por ciento. Los dos aumentos de 2009 habían sido por 19,88 por ciento. En conclusión, los cuatro incrementos por la ley de movilidad elevaron las jubilaciones y pensiones en un 51,65 por ciento en dos años.

El haber mínimo llegará a 1046,5 pesos, aunque con el aporte de 45 pesos del PAMI crecerá a 1091,5. El hecho de superar los 1000 pesos por primera vez tiene un fuerte impacto simbólico, sobre todo en comparación con los 150 pesos en que estuvo congelado durante doce años de gobiernos de Carlos Menem y de la Alianza. Frente a ese panorama de jubilaciones devastadas, la administración de Néstor Kirchner y la actual definieron como estrategia volcar la mayor cantidad de recursos a subir los haberes más bajos. Eso produjo un efecto positivo, que fue el de elevar un 597,8 por ciento la mínima desde la salida de la convertibilidad a la fecha, un porcentaje que supera a cualquier otro de la economía, incluidos la suba del dólar (295 por ciento) y de la inflación (no sólo la medida por el Indec, sino que la consultora ortodoxa de Carlos Melconian habla de una mejora real del haber mínimo del 64 por ciento hasta marzo pasado).

Esa política, sin embargo, produjo un achatamiento de la pirámide salarial, al punto de que en la actualidad el 75 por ciento de los jubilados cobran la mínima. Los que ganaban más de mil pesos en la convertibilidad fueron los más afectados, y muchos de ellos están reclamando en la Justicia en línea con el fallo Badaro de la Corte Suprema, que ordena una actualización de esos haberes.

Desde 2009, como se indicó más arriba, todas las jubilaciones suben por igual con la ley de movilidad. Eso le puso un freno al problema del achatamiento de la escala de jubilaciones, aunque no lo resolvió hacia atrás. Cristina Kirchner remarcó que esa norma le da una “institucionalidad” al sistema previsional que lo pone a salvo de ajustes fiscales como el de 2001, cuando los haberes se bajaron 13 por ciento.

El Gobierno también respondió a la afirmación de dirigentes de la oposición de que los nuevos aumentos fueron en respuesta a su proyecto del 82 por ciento móvil para la mínima. “Es lo que corresponde por la ley de movilidad, que ya estaba previsto desde que empezó el año. No estamos haciendo otra cosa que cumplir con la ley”, sostuvo el titular de la Anses, Diego Bossio, en diálogo con Página/12. En el Ministerio de Economía agregaron que con este aumento de la mínima, ya son 16 desde la gestión de Néstor Kirchner y 18 si se cuentan los dos que había concedido la administración de Eduardo Duhalde. Es decir, este aumento se inscribe en una política muy anterior a la propuesta opositora del 82 por ciento, señalaron cerca de Amado Boudou.

La suba del 16,9 por ciento en las jubilaciones tiene impacto en otras dos variables, que se elevan en la misma proporción: el haber tope, que pasa a 7666,4 pesos, y el tope de aportes para los trabajadores formales, que crece hasta 11.829,2 pesos de sueldo. En este último caso, ese incremento hará crecer la recaudación de la Anses.

El número total de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas que registrarán una mejora en sus ingresos es de 6.326.543. La medida implica una inversión social por parte de la Anses de 14.253,3 millones de pesos al año. A eso se suman 1966,8 millones de impacto presupuestario por el aumento de las asignaciones familiares y de 1768 millones por la Asignación Universal por Hijo. En total, son 17.988,45 millones de pesos. Esa cifra será cubierta con los ingresos de la Anses, que quedará así con sus cuentas con un superávit no tan abultado como en años anteriores. Bossio informó semanas atrás en el Congreso que hasta mitad de año, el excedente del organismo era de 1597,3 millones de pesos. El funcionario mostró esa cifra para advertir a la oposición que pretender avanzar con el 82 por ciento móvil dejará al sistema previsional en una situación de quiebra estructural.

Por esa misma razón, la Presidenta dijo que el Gobierno actúa con “responsabilidad” y con medidas que son “sustentables” en el tiempo. También mencionó el fuerte aumento que hubo desde 2005 en la cobertura previsional gracias a las moratorias, ya que hasta entonces el 45 por ciento de las personas en edad de jubilarse no alcanzaba a completar los requisitos para hacerlo, y ahora el 90 por ciento de los adultos mayores está cobrando un beneficio y accede a la asistencia social del PAMI.