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El 6 de julio se produjo, en el aeropuerto de Barajas, un hecho habitual. Pero esta vez la protagonista fue una mujer, argentina, de 88 años, con hijos y nietos españoles residentes en España.

El embajador español en Argentina señaló que el hecho era un supuesto “singular”, de los que se producen “un número reducido cada año”. Sólo en el año pasado a más de mil argentinos se les denegó la entrada en los aeropuertos españoles y fueron devueltos a su país. En número similar fueron afectados ciudadanos de distintos países de América latina. Evidentemente, cuando el diplomático utiliza el adjetivo “singular” y el participio verbal “reducido” piensa en dimensiones distintas a las que evocan para el resto de los mortales.

Agregó que la señora Ada Ghiara no había cumplido “no uno, sino varios requisitos”. Lo que no tenía era una invitación, dinero suficiente y un pasaje de vuelta para antes de tres meses desde su llegada, lo había sacado por cinco. Inútiles, como se sabe, fueron los esfuerzos de sus hijos para intentar acreditar que ellos, con largos años de residencia en España, trabajo estable y medios suficientes para sostenerla, estaban en condiciones de garantizar el cumplimiento de los requisitos a los que alude el señor embajador en el modo en que se les requiriera. Tras ocho horas detenida, fue embarcada de vuelta a la Argentina sin poder ver a sus familiares.

La señora Ghiara había viajado varias veces para ver a su familia en iguales condiciones en que lo hizo esta vez, pero ahora le tocó. De no ser por la indignación de sus hijos, que propalaron con eficacia la noticia, el hecho, como suele suceder, hubiera pasado inadvertido. Esta vez se supo.

Hay un adagio latino, “dura lex sed lex”, que significa que la ley, aunque sea dura, debe ser respetada. Esto es lo que quiere decir el señor embajador con lo de los requisitos. No importa que se contraríe otra máxima del mismo origen: “summun ius, summa iniuria”, que viene a expresar lo opuesto: el estricto cumplimiento de la ley puede producir la mayor injusticia.

Como se sabe, las leyes deben ser cumplidas. Insensibles las autoridades, la policía y el embajador españoles, pero respetuosos de la ley y los reglamentos, esto no se puede negar. ¿O sí?

Hace muchísimos años que las asociaciones de argentinos y latinoamericanos en España vienen denunciando lo que ahora tuvo que vivir la señora Ghiara. Somos partidarios de que se extiendan a las personas los principios de la libre circulación de que gozan los capitales financieros. Así de utópicos.

Pero no es este sueño el que fundamenta nuestras quejas, sino lo que ninguna persona razonable y respetuosa de las leyes puede dejar de apoyar sin hesitar. Pretendemos que se cumplan los tratados entre Argentina y otros países de América y España que favorecen a los ciudadanos de unos y otro país. Y que no son nada duros. Tras proclamas de sempiterna fraternidad garantizan la libertad de inmigración, circulación, trabajo, residencia y todos los buenos tratos que uno suele dispensar a un hermano. Es cierto que hay hermanos mal avenidos, pero éste no parece ser el caso: los tratados se han renovado durante siglo y medio y reiteran los mismos principios.

Como se ve, no es la señora Ghiara quien incumplió la ley, queremos decir la ley española que debería respetar lo pactado. Ella, aun siendo maestra, probablemente poco sabe de tratados, no es su tema. Lo que seguro conoce es de la enorme cantidad de turistas hispanos que se pasean por su ciudad, Mar del Plata, o van a visitar a sus familiares, y nunca supo que alguno haya tenido algún problema para entrar en Argentina; que a nadie se le pidió una carta de invitación que cuesta más de cien euros y obliga al anfitrión a innumerables trámites, pasaje de vuelta cerrado antes de tres meses o sesenta euros por cada día que prevé estar en el país; que jamás oyó la palabra ilegal referida a los españoles que sobrepasan los tres meses de estancia en el país; que nunca escuchó que un ciudadano de esa nacionalidad viviera en diaria zozobra por no tener permiso de residencia, o por trabajar sin tener permiso de trabajo; que hubieran expulsado a alguno por carecer de ellos; ni se le pasó por la cabeza que, con carácter previo a esa expulsión, un español podía estar recluido durante sesenta días en una cárcel, eufemísticamente llamada Centro de Internamiento de Extranjeros, de las que proliferan en la geografía española. No tenía noticia, en fin, de que a alguien le pasara lo que a ella le acababa de suceder.

Dicen los periodistas que un ejemplo clásico de noticia se produce cuando una persona muerde a un perro y le contagia la rabia. A la señora Ghiara la acaban de morder y dadas sus circunstancias personales fue noticia, pero la rabia existe desde mucho antes y se seguirá extendiendo. Salvo que se produzcan una de dos alternativas: la mejor, que el gobierno argentino y los del resto de los países de nuestro continente exijan firmemente y consigan de una vez por todas el cumplimiento de los tratados bilaterales; la indeseable, porque afectará a miles de españoles que ninguna responsabilidad tienen, que se dé a éstos en Latinoamérica exactamente el mismo trato que reciben miles de latinoamericanos en España. Será éste posiblemente otro modo, eso sí, algo más traumático, de conseguir lo mismo.

El mismo trato en todo sentido: el cálido y afectuoso que recibimos de la población y el de los requisitos que exigen las autoridades españolas.

* Abogado, miembro de la Casa Argentina de Madrid, adherida a la Federación de Entidades Argentinas en España y Europa.