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La oratoria de Néstor Kirchner siempre fue torrentosa. Cuando era presidente mezclaba conceptos y cifras en seguidilla. Ni su sintaxis ni las cantidades eran rigurosas, pero sí comprensibles, aproximaban a sus convicciones y a la realidad. Cristina Fernández de Kirchner, la actual mandataria, es una expositora con más dotes: se expresa bien, hilvana el relato, hace gala de su aptitud para armar discursos largos y coherentes, sin perder el hilo y sin ampararse en un texto escrito. De ordinario, es menos emocional que su antecesor. En sus anuncios de ayer introdujo, en parte adrede y en parte conmovida, dos novedades. Se valió de numerosos datos escritos para ser minuciosa y fortificar su mensaje. Y, en el tramo de cierre, dialogó cálidamente con Hebe de Bonafini para rematar muy emocionada, con alguna lágrima de por medio. Por eso, puso fin al discurso de modo al unísono prolijo y abrupto, lo que parecería un oxímoron pero, en el trance, no lo fue.

Los anuncios fueron un combo de dos factores. Primero, el anticipo del porcentaje de un aumento jubilatorio prefijado por ley, que se devengará en septiembre. El segundo, la estricta novedad de la jornada, un incremento en las asignaciones familiares que incluyen, por imposición legal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), llevándola a 220 pesos por cada menor de 18 años a cargo del jefe o jefa de familia. La Presidenta prodigó detalles acerca del esfuerzo fiscal, del impacto posible en el Producto Bruto Interno (PBI) y en el mercado interno. También se explayó sobre la trayectoria del Gobierno en materia de prestaciones sociales.

La combinación de dos acciones diferentes prosigue un objetivo político coyuntural. Es salir al cruce de la asombrosa agenda social urdida por el Grupo A con su poco hábil mano izquierda mientras, con la diestra, brega por mochar impuestos a granel.

El material consultado por Cristina Fernández fue repartido entre funcionarios y legisladores de su fuerza como insumo para las fragorosas sesiones que dinamizará la oposición en el Congreso, a partir de la semana que viene.

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Un largo camino: La AUH es un salto de calidad incorporado recientemente, el reajuste previsional semestral mediante un coeficiente (ley que respondió a la jurisprudencia de la Corte) lleva dos años. Ambos, pues, son relativamente nuevos. La trayectoria del kirchnerismo en lo referente a jubilaciones y salario mínimo se remonta a sus comienzos, igual que la negociación colectiva. Desde entonces, se dedicó a ampliar el universo de jubilados y promover incrementos (en los primeros años sólo para el mínimo), tanto como para convocar regularmente al Consejo del empleo y del salario. Las asignaciones familiares, que se mantuvieron intactas desde 1997 según comentó la Presidenta, subieron año tras año.

Es una rutina que suele incluso repetirse en el calendario, el segundo semestre suele ser el momento elegido, cuando cerraron la mayoría de las paritarias. En eso, hay una coherencia con historia que se enriqueció institucionalmente con el reajuste de jubilaciones y la AUH.

El cuadro se redondea con la ampliación del conjunto de los incluidos, merced a una suerte de moratoria universal para quienes no tenían aportes suficientes y al nuevo régimen para las empleadas domésticas. Dos colectivos, vale la pena señalar, donde hay muchos beneficiari@s (beneficiarias sobre todo) que no votan por su nacionalidad o que están dispensados de la obligación de hacerlo, por su edad.

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Sintonía fina (I): La economía y la sociedad argentina habían caído muy bajo desde 1975, en treinta y cinco años de desaguisados. La convertibilidad y su salida catastrófica agravaron la debacle. La reparación (palabra que mentó Cristina Kirchner y que desató su emoción) insumirá décadas y no ha llegado a un estadio que autorice frenos o respiros. De cualquier forma, son enormes los saltos cuanti y cualitativos de los años del oficialismo, tanto que autorizan a aludir a una nueva etapa. En ella, se hacen factibles (o imprescindibles) discusiones inimaginables antaño. Por ejemplo, una reformulación del sistema jubilatorio. Es patente que los pensionados de ingresos medios financiaron parte relevante del ascenso de los que cobran el mínimo, incluyendo a los recién llegados. En la emergencia, es un rebusque admisible pero la pirámide achatada no trasunta un modelo de justicia distributiva, mirando al futuro. La reconstitución de la escala o el cambio de paradigma (del que han hablado, entre otros especialistas dignos de respeto y escucha, el sanitarista radical Aldo Neri y el economista Rubén Lo Vuolo) están entre las variantes posibles. Una discusión de fuste, que no puede hacerse con exclusiones (menos que menos dejando afuera a la primera minoría) ni en un santiamén.

La búsqueda de mecanismos adicionales de financiación y la reforma impositiva forman parte de esa deuda de nuevo cuño, que debería debatirse en un contexto diferente al maniqueísmo y la exclusión del otro que priman en la política doméstica. Los cambios, imprescindibles, son impensables sin reformas en el obrar cotidiano de la dirigencia política: apertura mental y capacidad de diálogo.

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Sintonía fina (II): La AUH es acaso el más relevante derecho ciudadano implantado luego del voto femenino. Por lo menos, es un avance formidable, en materia de ampliación de derechos y en impacto económico-social. Ya hay más de 3.600.000 chicos beneficiarios, las tarjetas magnéticas de pago van llegando a manos de sus familiares, sin mediación clientelar, punteril o política. Son patentes el aumento de la matrícula escolar, del consumo popular, el desarrollo del mercado local (y los mercaditos barriales). Intendentes y gobernadores de cualquier signo partidario dan fe de sus resultados, que incluyen otros indicadores curiosos, como el aumento de la basura en barrios populares. Avezadas profesionales de la crisis, las madres aderezan el consumo básico de alimentos con la compra de ropa o útiles escolares.

Aun validando el régimen fijado por el oficialismo, siguen sin cobertura muchos menores. Sería temerario insinuar una cifra, pero es sugestivo que el propio Gobierno, redondeando sin duda y seguramente “a su favor”, asuma que un diez por ciento de los chicos argentinos no percibe beneficio social alguno.

Una parte del faltante tiene que ver con familias poco informadas, sin documentos, eventualmente marginales que no se han dado maña para emprender el trámite, en promedio bastante amigable. Otro, a enojosos requisitos (“condicionalidades”, en jerga) que cierran el paso a quienes tendrían que cobrarlo si rigiera plena justicia social. Hijos de monotributistas de bajos ingresos, de asalariados que ganan algo más que el mínimo son los casos más flagrantes.

Otras exclusiones injustas se refieren al 20 por ciento que se subordina al cumplimiento de la atención médica básica y la escolarización de los pibes. Por ahora, se excluye a quienes asisten a establecimientos privados, así no abonen nada de matrícula. Es una diferenciación indebida, máxime cuando el Estado los subsidia generosamente, alentando su existencia. Una dificultad adicional fue efecto de la implementación de una Libreta nacional de seguridad social, salud y educación, obligatoria y gratuita, en la que debe documentarse el cumplimiento de las obligaciones de los jefes de familia. Es una medida valiosa, que permite el control y mejora los censos estatales, pero su implementación tomó más tiempo del esperado. Se prorrogó hasta fines de agosto el cobro del 20 por ciento depositado en cuenta aparte, que debía abonarse en junio. El retraso, explicable, no debe perjudicar a los beneficiarios. Una salida generosa sería habilitar, por única vez en 2010, el reintegro a todos los beneficiarios sin necesidad de comprobar las contraprestaciones.

De nuevo, se trata de rectificaciones relevantes y hasta urgentes, pero que recién surgen a partir de la auspiciosa instauración del derecho.

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Interpelaciones: La Presidenta interpeló a empresarios y a las centrales obreras. A aquéllos, los instó a no aumentar los precios, porque no han subido sus costos. A éstas les dijo que no desampararan a los desocupados, ya que la acción de la CGT y la CTA tutela sólo a los trabajadores formales. Eso es cierto en lo que hace a la CGT, pero la CTA incluye, desde hace mucho, a organizaciones de desocupados y movimientos sociales. La equiparación no fue justa.

Tampoco fue estricta la mención a la soledad en que el Gobierno consagró la reestatización del sistema jubilatorio que fue avalada por el socialismo y otros partidos de izquierda parlamentaria, que conformaron una mayoría consistente.

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Vienen por el veto: El archipiélago opositor prepara una ofensiva parlamentaria: baja de impuesto al cheque, retenciones, fin de las facultades delegadas, 82 por ciento móvil. La finalidad parece ser buscar el veto presidencial antes que plasmar reformas. Como reza un juego de palabras en boga, buscan el veto del kirchnerismo para que eso le reste votos.

La diputada Elisa Carrió expresó ayer que las medidas fueron consecuencia de los embates opositores. Como ya se explicó, el aumento previsional estaba dado por las normas vigentes de antemano. En cuanto a la AUH es cierto que el Gobierno tomó esa bandera opositora y la hizo realidad, a los ojos del cronista eso es virtud y no defecto.

El oficialismo replica con su receta clásica: suba del gasto social y del consumo, mejora de los beneficios sociales, crecimiento del PBI y de las reservas, asumiendo los costos de una inflación muy alta pero controlada. Los números de la economía real obsesionan a los Kirchner, de ahí los borbotones de datos en el discurso de Néstor o la lectura atenta con que innovó ayer Cristina. A ellos apuestan buena parte de su futuro, que dirimirán, como corresponde todos los argentinos en elecciones libres con sufragio universal.

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