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En lo que va de este año ya se presentaron, con el del bloque Libres del Sur, tres proyectos para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El primero fue el diputado Fabián Peralta, del GEN, a mediados de junio, luego de que la Comisión de Políticas Públicas de Drogas, encabezada por Mónica Cuñarro, expusiera las urgencias del tema ante las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Dos meses después, los radicales Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra hicieron lo propio, con un proyecto que aminoraba las penas de prisión para las “mulas”.

A diferencia del proyecto de las diputadas Cecilia Merchán y Victoria Donda, ni el proyecto de Peralta ni el de los dirigentes radicales despenalizaba la tenencia simple. El diputado del GEN propone bajar las penas de tres a doce años de prisión a entre seis meses y tres años “cuando la entrega, suministro o facilitación (de drogas) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad”. Sobre la “medida de seguridad curativa” para canjear la pena por tenencia para consumo, el proyecto de Peralta aclara que debe ser voluntaria y evaluada periódicamente por la autoridad sanitaria.

En el proyecto de la UCR también persiste la pena por tenencia simple y “la medida curativa”. Sobre este último punto se exige que se realice “en establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional, reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente”.

Todos los proyectos coinciden en un punto: descriminalizar al usuario es una forma de ayudar a combatir al narcotráfico. También, como señaló ayer Gil Lavedra a Página/12, hay consenso sobre la importancia del principio de inocencia: “El imputado no debe probar que la tenencia es para consumo personal, sino que el fiscal tiene la carga de demostrar cuál es la finalidad prohibida de esa tenencia”.