Una pena “inédita”. Así la denominó el fiscal Fabián Hualde al solicitarla al tribunal ante el que se tramita el juicio por el ataque al ex futbolista Fernando Cáceres, baleado en un ojo y quien a puro empeño logró sobrevivir. Se refería a los 38 y 35 años de condena que solicitó contra los dos acusados del intento de asalto, entre los que no figura quien efectuó el disparo ya que, al tener menos de 16 años en aquel momento, no es pasible de juicio. Los dos acusados tenían al momento del intento de asalto 17 años, por lo que les correspondió la aplicación del fuero penal juvenil. En este caso, en la jurisdicción de San Martín, ante los jueces Rómulo Peñoñori, Bernardo Mogaburu y María Arbeletche, del Tribunal Oral Nº 1 de Garantías del Joven. Como dice Hualde, es inédito, pero no el pedido sino el juicio mismo y sus antecedentes.

Cáceres fue asaltado a las 2 de la madrugada del 1º de noviembre del año pasado cuando conducía su BMW en Ciudadela y fue interceptado por cuatro adolescentes que llegaron en dos autos robados, en uno de ellos con un remisero de rehén. Cáceres intentó escapar y uno de los asaltantes disparó dos veces. Uno de los proyectiles ingresó por el ojo derecho de Cáceres y quedó en su parietal derecho, ocasionándole una gravísima lesión encefálica, de la que logra recuperarse lentamente.

Los cuatro adolescentes fueron detenidos. Ante el Tribunal Nº 1 se encuentran dos de ellos, que tenían 17 años en el momento del intento de asalto. Un tercero, con 19, será juzgado ante un tribunal de mayores. El cuarto, sospechado de haber sido el que disparó, fue detenido, pero no procesado, ya que tenía 15 años en noviembre y por lo tanto no es punible.

Igual que en el caso Urbani y que en buena parte, si no en la mayoría de los juicios del fuero penal juvenil bonaerense, bajo la presión mediática y su espejo político y social, los adolescentes son juzgados como adultos, como si el fuero no existiera. En aquel polémico caso, los propios jueces citaron el fallo de la Corte Suprema conocido como fallo Maldonado, en el que sostuvo que no se puede condenar a menores como adultos, tal como indica la Convención de los Derechos del Niño, refrendada en la Constitución.

Lo llamativo del caso es que el fiscal Huarte haya solicitado condenas de 35 y 38 años, de carácter confinatorio tal como lo asegura la cantidad de años de la pena, mientras que entre las motivaciones de la creación del fuero, la más importante es que “la aplicación de la pena no tiene los mismos fines de retribución que en un adulto –citó una fuente judicial– sino que el fin es el que aprenda a responsabilizarse, y pueda ser resocializado. Con 38 años no se busca resocializar sino confinar”. Por otro lado, la detención que cumplen no es un tratamiento tutelar en el que el juez determine si hay modificación en la asunción de responsabilidad, que es el cometido del fuero, sino una simple e inconstitucional preventiva.

Igual que en el caso Urbani, el fiscal Huarte solicitó una condena que rompió su propio juramento ante la Constitución al asumir, y desconoció el motivo por el que había sido designado como fiscal del fuero juvenil. Pero si la presión en un caso tan mediático como el de Cáceres lo empujó a un pedido inédito incluso en el propio código, más grave aún asomó la ausencia de investigación. El caso Cáceres quedó enmarcado en la misma fecha (noviembre de 2009) y en la misma lógica (robo de autos) que la –ésta sí– inédita denuncia del ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, quien aseguró que una mafia policial lo intentaba desplazar y acusó a la jefatura de la Dirección de Sustracción de Automotores de llevar adelante “negocios espurios dentro mismo de las oficinas de la Dirección”. Sostuvo que policías reclutaban adolescentes para robar autos y doblarlos o cortarlos. Y que al desplazar a esa jefatura, los asaltos derivaron en asesinatos e intento de asesinato con el fin de desplazarlo.

La denuncia fue supuestamente investigada por el fiscal platense Marcelo Romero. El último movimiento que tuvo la causa fue el 22 de diciembre del año pasado, a las 12.47, cuando cerró la última declaración testimonial. Jamás citó al jefe desplazado por Stornelli, citado un mes antes por este diario. El mismo Romero es el que investiga el caso Píparo, una salidera (con paraguas policial). Para completar lo abandonado por Romero, Huarte debería haber citado a Stornelli o a Andrade, que alguna información deben tener sobre robo de autos con violencia por “menores”.