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El CELS aseguró que la Ley de Salud Mental representa “un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de un grupo que ha sido históricamente invisibilizado”. El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró que la normativa pone al país “en un lugar destacado frente a la comunidad internacional”, y estimó que tendrá “un impacto favorable para el resto de la región”.

La norma, basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, garantiza el reconocimiento de la autonomía de quienes afrontan padecimientos mentales y su capacidad para decidir sobre el tratamiento que deben recibir.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, sostuvo que “esta ley es el resultado de un trabajo de más de dos años, en los cuales la sociedad civil jugó un rol fundamental para tratar de sumar a todas las voces y desarrollar una legislación que garantizara el respeto por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial”.

“El activismo por parte de un grupo consolidado de organizaciones de derechos humanos, familiares y usuarios de servicios de salud mental fue fundamental para lograr la aprobación de la ley, y lo será también en el proceso de reglamentación que ahora se inicia”, subrayó.

Según la investigación “Vidas arrasadas” del CELS, unas 25 mil personas se encuentran recluidas en los asilos psiquiátricos argentinos, donde sufren todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Entre otros, la privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y muertes que no son investigadas.

El CELS señaló que más del 80 por ciento de estas personas es encerrado por períodos mayores a un año y muchas permanecen allí de por vida; y aseguró que en la mayoría de los casos se trata de “pacientes sociales” que podrían desarrollar su vida fuera de las instituciones psiquiátricas, pero no cuentan con alternativas para hacerlo. Asimismo recordó que la Corte Suprema de Justicia calificó la situación de este grupo como de extrema “vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono”.