El jefe de la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados bonaerense, Raúl Pérez, presentó un pedido de jury por “mal desempeño de sus funciones” contra los dos jueces del Tribunal de Casación que anularon una condena por corrupción de menores a un pastor –que abusó sexualmente de dos niñas– con el argumento de que viven en “comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que además “poseían experiencia sexual”. El polémico fallo fue revelado por Página/12 una semana atrás. El mismo pastor acaba de ser condenado nuevamente en otra causa por violación, abuso sexual y corrupción de menores, agravados por su condición de sacerdote. La nueva sentencia fue dictada por el Tribunal Oral de Morón N 3 (ver aparte).

El diputado Pérez presentó ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento el pedido para que se investigue el desempeño de los jueces Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués en relación con la sentencia, del 15 de marzo, que favoreció al pastor de un culto no reconocido Francisco Avalos: al anularle la condena por corrupción que le había impuesto el TOC 4 de Morón, su pena bajó de 18 años de prisión a nueve años y seis meses. La condena por “cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto” en perjuicio de dos chicas de 14 y 16 años, que le había impuesto el TOC 4, en septiembre de 2004, quedó firme. Las dos niñas concurrían a la Iglesia Evangélica Jesús es el Camino de la localidad de Merlo, donde Avalos sometía sexualmente a feligresas. El abogado de Avalos, Sergio Enrique Palacios, pidió la unificación de las condenas.

El pedido de jury se fundamenta en dos cuestionamientos. Por un lado, el argumento usado para descartar la condena por corrupción de menores que esgrimió Piombo y a cuyo votó adhirió Sal Llargués. “La categórica y general afirmación de que las niñas de condición social más vulnerable no pueden ser víctimas del delito de corrupción de menores –señaló el diputado Pérez en su presentación– resulta de inusitada gravedad, presentándose como violatoria de principios constitucionales y de tratados de derechos humanos”, al “conculcar el principio de igualdad”. Pero este no es el único elemento del pedido de enjuiciamiento contra los magistrados. El segundo aspecto que cuestiona de su desempeño es “la injustificada e inaudita demora en el trámite de la causa” que terminó beneficiando al imputado. La Sala 1 de Casación, que integran Piombo y Sal Llargués, se tomó siete años para pronunciarse, después de que el defensor de Avalos, en ese entonces el abogado Luis Sergio González, recurriera la sentencia de primera instancia, dictada el 8 de septiembre de 2004. Esa demora trajo “un beneficio adicional” al imputado, evaluó Pérez, porque además de reducirle la pena, se le podrá computar la llamada ley del 2 x 1 por haber estado sin sentencia firme ese lapso, con lo cual se le terminará licuando la condena, advirtió el diputado, en diálogo con Página/12.

Avalos, de 59 años y nacionalidad paraguaya, lleva ocho años de cárcel efectiva. El fiscal ante Casación, Jorge Roldán, recurrió la sentencia ante la Suprema Corte de la provincia la semana pasada por considerar que la reducción de la pena se fundamenta en argumentos discriminatorios y falaces. Según sostiene, no está probado que las niñas tuvieran experiencia sexual.

El diputado Pérez presentó también el pedido de jury contra Piombo y Sal Llargués en la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial, que preside el diputado Gabriel Villegas, del Frente para la Victoria. La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento debe girar el planteo a la Procuración General de la provincia, que encabeza María del Carmen Falbo, para que evalúe y dictamine si quiere continuar con la acusación o descartarla.