El gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, defendieron ayer la iniciativa de sacar a la calle a los uniformados que cumplen tareas administrativas y ubicar a civiles en esas funciones. La crítica provino de una diputada del Peronismo Federal, Natalia Gambaro, que aseguró que el gobernador “vende humo”, porque su anuncio “apenas implica un policía cada 185 manzanas, si es que trabajara las 24 horas del día”. Scioli destacó la función preventiva de la medida y defendió los límites a las excarcelaciones. Por su parte, Casal reconoció que muchos calabozos “no estaban en condiciones edilicias” y aseguró que pronto se habilitarán dos de “las llamadas alcaidías departamentales” para sustituir las precarias y hacinadas celdas de muchas comisarías bonaerenses.

“Nosotros vamos readecuando (la fuerza) permanentemente a las necesidades que vemos operativas y hacemos lo que haya que hacer para que la gente viva más tranquila, más segura”, dijo ayer el mandatario provincial, quien elogió a su cuestionado Casal: “Por el trabajo que hace y que lleva a optimizar la tarea del personal policial”. El cambio de “logística de la fuerza –agregó– forma parte de un programa integral que estamos llevando adelante desde hace tiempo con el objetivo de intensificar la prevención” del delito.

En este “programa integral”, el gobernador incluyó los 3500 patrulleros que se sumaron “en forma descentralizada” (algunos eran autos oficiales), el fortalecimiento de las patrullas rurales y el arribo de las cámaras de seguridad en más de 50 municipios. “Todas medidas de seguridad tan reclamadas por la gente”, dijo y habló de “logros”, entre otros, las restricciones en las excarcelaciones para quienes usan armas de fuego o reclutan menores para delinquir. “Se terminó esta cuestión de que entraban por una puerta y salían por la otra”, sentenció.

Por su parte, la diputada Gambaro, asesora de Francisco de Narváez en cuestiones de seguridad, consideró que la iniciativa de sacar a los uniformados de las comisarías no va a tener ningún impacto y es “una de las tantas medidas efectistas a las que nos tiene acostumbrados el gobernador, que no deja de vender humo y espejitos de colores en un año electoral”. Para ella, la medida sería “lógica” si se iniciara simultáneamente un plan estratégico de “modernización y reorganización policial, pero lamentablemente es una medida aislada”.

Gambaro también se preguntó quién vigilará, según sus datos, a las 2500 personas presas en las comisarías bonaerenses, si se retira al personal policial de esas sedes y se los reemplaza por civiles.

Esta observación fue respondida por Casal, quien aclaró que las “áreas de seguridad de las comisarías” seguirán cubiertas por el personal policial “correspondiente”. Además, el funcionario aseguró que la provincia está “en el nivel más bajo de detención en comisarías” de toda su historia: 2100 personas.

“Es más, hemos acordado con el Poder Judicial que las clausuras históricas de ciertas comisarías queden definitivas, porque no estaban en condiciones edilicias –dijo el ministro bonaerense–, y ahora estamos habilitando las llamadas alcaidías departamentales. En los próximos días inauguramos una en La Plata y en pocos días más, otra en Lomas, que van sustituyendo a los calabozos.”