Con el objetivo de “facilitar el acceso a la Justicia de sectores vulnerables”, el Ministerio de Seguridad y la Defensoría General de la Nación lanzaron talleres de capacitación para 700 agentes de la Policía Federal, que se desempeñan en servicios de atención. Entre varios temas abordados se encuentran la violencia de género, la discapacidad, la situación de migrantes y refugiados y casos de personas privadas de la libertad. La formación, primera en su tipo en América latina, apunta a que la fuerza no sólo mejore la recepción de denuncias sino que sea puerta de acceso a las dependencias del Estado que dan tratamiento a problemáticas específicas. En simultáneo, el ministerio trabaja junto a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para que los efectivos mejoren sus aptitudes a la hora de atender casos de sometimiento intrafamiliar.

Los talleres tienen como destinatarios a jefes de servicio, oficiales de guardia y oficiales de las divisiones de Investigaciones, Drogas y Asuntos Internos de la Policía Federal. Según el acuerdo entre la cartera que dirige Nilda Garré y el ente a cargo de Stella Maris Martínez, la formación del personal policial apunta a “facilitar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la población y remover las barreras existentes”, tales como falta de información, los prejuicios por parte de los operadores policiales o problemas derivados del idioma, entre otros.

Desde la Defensoría General, a cargo de la formación, indicaron que “es clave concientizar” a estos agentes porque “ellos son las puertas de acceso al sistema judicial”. Además, se busca que los funcionarios policiales aprendan a derivar a dependencias judiciales o gubernamentales que atienden temáticas específicas tales como violencia de género, derechos indígenas, discriminación o niñez y adolescencia.

Durante la presentación del programa, Martínez destacó que “es la primera capacitación a policías con estas características en América latina”. En ese sentido, los firmantes del convenio remarcaron que esta acción pedagógica tiene como objeto la transmisión de conocimientos acerca de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”, acta firmada en el ámbito de la Comisión Iberoamericana de Justicia en 2008. Varios de los 23 países miembros avanzaron en la capacitación de los actores judiciales, pero hasta ahora ninguno había iniciado la tarea dentro de las fuerzas de seguridad.

En ese manual iberoamericano de buenas prácticas para operadores judiciales y agentes vinculados con el acceso a la Justicia, como es el caso de los policías, se esbozan varias líneas de trabajo en torno de cómo, y en base a qué marcos debe atenderse a los sectores que habitualmente chocan con los muros judiciales. Por ejemplo, se trazan propuestas vinculadas con el cuidado de la identidad de la víctima, sobre aspectos técnicos para resolver instancias de denuncias ante casos de analfabetismo, o en torno del respeto de cuestiones étnicas o tribales, que suelen ser dejadas de lado. Como concepto rector de las Cien Reglas aparece la idea de no revictimizar a quien acude al Poder Judicial, luego de haber sido víctima de un padecimiento físico, simbólico o económico.

La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, Natalia Federman, definió que la misión del curso es que estos policías “actúen como facilitadores de acceso a la Justicia y no como una barrera”. Tras las primeras jornadas de aprendizaje, la incorporación de estas “herramientas para el trabajo diario” generó una “reacción muy positiva” en los efectivos, evaluó la funcionaria.

Aunque la violencia de género se aborda en la capacitación que brinda la Defensoría General, los efectivos ahondan el tema en otro curso a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. El propósito es que los efectivos entiendan la instancia en que una mujer llega para denunciar un caso de violencia de género como “el inicio de un proceso que la pueda llevar a quebrar ese círculo” de agresión. Al respecto, Federman graficó: “La mujer que llega a la comisaría, llega porque quiere denunciar, no porque quiere que la curen”. Para la funcionaria, es fundamental lograr que los agentes “no echen a estas denunciantes”, por ejemplo, “si no tiene una lesión visible”, como suele ocurrir; o simplemente por discriminación. En eso avanzan estas formaciones.

Asimismo, en la cuestión de género hay espacio para aprender sobre la atención a transexuales, quienes padecen recurrentes casos de violencia policial, en particular las personas que trabajan en la oferta de sexo en la vía pública. Según señaló Federman, “el respeto a la diversidad sexual es una prioridad” a incorporar por los operadores policiales, y en ese sentido es que el tópico “trans” fue incluido en las formaciones, a pesar de que las Cien Reglas de Brasilia no explicitan a este colectivo dentro de los grupos minoritarios.

Informe: Leonardo Rossi.